Después de la entrada en vigor del Tratado de Roma, las políticas agrícolas de los estados miembros fueron sustituidas por mecanismos de intervención a escala comunitaria. Las bases de la política agrícola común (PAC) no han cambiado desde entonces, aunque sí lo han hecho las normas relativas al procedimiento decisorio.

En 1958, cuando se creó el mercado común en virtud del Tratado de Roma, el sector agrícola de los seis países fundadores se caracterizaba por una fuerte intervención estatal. Para incluir los productos agrícolas en la libre circulación de mercancías manteniendo al mismo tiempo la intervención pública en el sector agrícola había que suprimir los mecanismos de intervención nacionales incompatibles con el mercado común y traspasarlos a escala comunitaria: este fue el motivo fundamental de la creación de la PAC.

Por otro lado, la intervención en la agricultura se basaba en el principio, muy extendido por aquel entonces, de la especificidad del sector, que dependía en gran medida del clima y de las condiciones geográficas, y experimentaba desequilibrios sistémicos entre la oferta y la demanda, y, por consiguiente, una fuerte volatilidad de los precios y los ingresos.
objetivos de la pac. Los objetivos de la PAC vienen reflejados en varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico y asegurando el empleo óptimo de los factores de producción, en particular, de la mano de obra; garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola; estabilizar los mercados; garantizar la seguridad de los abastecimientos; y asegurar al consumidor suministros a precios razonables.

La integración de España en el espacio común europeo obligó a las explotaciones agrícolas a embridar su naturaleza para adaptar las producciones al dictamen de la Unión Europea, que también empezó a influir en cuestiones polémicas como los precios. En contrapartida, el campo español se encontró con un amplio mercado sin aranceles al que se abrió de manera entusiasta de la mano de las ayudas procedentes de la PAC, que en sus primeros 30 años de aplicación ‘regó’ el campo ciudadrealeño con más de 6.500 millones de euros.

Unas ayudas que los agricultores han revertido directamente en compensaciones por las políticas de precios o por las ditorsiones del mercado, pero sobre todo en la mejora y modernización de sus explotaciones, que poco tienen que ver ya hoy con aquel lejano 1986.