Tras más de dos años de negociaciones, los países de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo en octubre de 2020 para la reforma de la Política Agraria Común (PAC), que se aplicará desde el 1 de enero de 2023 hasta el cierre del ejercicio de 2027. A partir de ese momento comenzaron las negociaciones con el Parlamento Europeo, que también adoptó ya un compromiso, y con la Comisión. Y ahora es el turno de los estados miembros, que están acordando planes estratégicos para aplicar los reglamentos aprobados en Bruselas. En el caso de España, en negociación con las diferentes comunidades autónomas.

La nueva reforma destaca por el mantenimiento de los fondos, con 47.000 millones de euros para España; apuesta por la política medioambiental con más aportación de dinero y mayores exigencias para su cobro; pretende una mayor política redistributiva a favor de las pequeñas y medianas explotaciones; y deja un amplio margen para su aplicación a cada uno de los gobiernos en función de sus prioridades, siempre en el marco general de las directrices comunitarias. Bruselas, además de controlar los derechos de cobros, vigilará también si los pagos cumplen los objetivos para los que se concedieron.

En la distribución de los fondos, con carácter general, el 60% de los pagos directos se destinarán como Ayuda Básica a la Renta, incluyendo aquí los desembolsos de la actual política verde cumpliendo unas mayores exigencias. Por otro lado, el 40% restante irá para aumentar las medidas medioambientales. En ese escenario se hallan los pagos para los ecoesquemas o planes voluntarios puede llevar a cabo cualquier agricultor o ganadero proponiendo medidas más estrictas en materia medioambiental y a las que se destinará entre un 20% y un 30% del montante. Este punto aún se sigue negociando en Bruselas.

Sobre el destino prioritario de los recursos, desde el Consejo se plantea una modificación de la definición de agricultor genuino en la que se excluya a quienes no tengan la agricultura o ganadería como actividad principal. La propuesta de los ministros contempla la limitación de las ayudas a los 100.000 euros por explotación, previa deducción de gastos por empleo agrícola con recortes progresivos a partir de los 65.000 euros. En este punto, Bruselas deja la puerta abierta a cada país para su aplicación, así como para marcar el montante de las reducciones.

Cabe destacar, por último, que en la política redistributiva, además de esa asignación de fondos, en España se pretende avanzar en la política de convergencia de ayudas diseñada en 2014, cuyos resultados en los últimos años han sido un fracaso con situaciones claramente discriminatorias entre territorios y en un mismo sector. Castilla-La Mancha sería una de las grandes beneficiadas con esta medidas.