Los fondos de capital BlackRock, Morgan Stanley, Blackstone, Bridgewater Associates, Brookfield Asset Management, Soros Fund Manager, Centerbridge Partners o Global SWF son solo algunos de los inversores internacionales que a finales de septiembre se sentaron en Nueva York con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para intercambiar opiniones sobre la marcha de la economía española pero, sobre todo, para escuchar qué tenía que decir acerca del devenir de la misma. 

Un futuro por el que los inversores se mostraron especialmente preocupados ante la falta de predictibilidad, estabilidad y seguridad que existe actualmente en España. Estos factores son esenciales para asegurar sus inversiones a medio y largo plazo. Especialmente, los fondos con presencia en el sector energético e infraestructuras, que lo que más temen son cambios en el marco legal nacional. Hay mucho dinero en juego, pero también una gran incertidumbre política y reguladora. 

‘Plan Marshall’

El Ejecutivo en funciones presentó ante estas grandes firmas de Wall Street una especie de Plan Marshall para los próximos 12 años con el objetivo de movilizar más de 200.000 millones de euros en inversiones de infraestructuras, de las que cerca de un 80% serán de capital privado. Y todo ello, con un ojo puesto en el sector energético, cuya transformación ha merecido prácticamente un ministerio propio.

Pero el panorama está lejos de ser estable ahora mismo en España. Poco antes del verano, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presentó los borradores de reforma energética que contemplan, entre otras cosas, fuertes recortes en la retribución al sector gasista y, en menor medida, del eléctrico, un asunto que ha puesto en pie de guerra a las compañías y ha levantado las alarmas entre los inversores. Este organismo, por su lado, está inmerso, en un complejo proceso de renovación de seis de sus 10 consejeros, incluido su presidente que, paradójicamente, podría dar al traste con ese proyecto de reforma energética comprometido por Sánchez.

Un escenario que complica, además, la llegada a España de compañías en uno de los pocos vectores que registra un crecimiento indiscutible y que se comprueba tanto en el país como en el resto del mundo. La energía, el cambio climático, la descarbonización, las renovables o la sustitución del petróleo son algunas de las cuestiones marcadas en las agendas internacionales con fechas concretas. 

Pero España continúa en una situación de bloqueo político (cuartas elecciones generales el próximo 10-N en menos de cuatro años) y, por, tanto, institucional. Todas las encuestas coinciden en señalar que tampoco surgirá un Gobierno fuerte tras la consulta de noviembre, por lo que sería posible repetir elecciones en 2020. Así lo han afirmado en medios expertos demoscópicos, como Narciso Michavila. Semejante situación hace temer tanto a empresas como a inversores por la seguridad jurídica y la estabilidad del marco regulatorio energético.

Pedro Sánchez intentó calmar a los mercados internacionales pero, mientras, tiene que capear con una CNMC en plena recomposición, dictando borradores que tendrán un gran peso en las decisiones de esos mismos inversores. 

Conviene recordar que el presidente en funciones llegó a definir esta transformación como «una transición ecológica justa» o «una nueva ilustración ecológica» que, a buen seguro, «marcará un punto de inflexión para el futuro de España». 

Además de los capitalistas, son numerosos los expertos que llaman a acabar con los vaivenes regulatorios de un sector tan sensible y permeable a la atracción de capitales como el energético. 

La reforma planteada por la CNMC será decisiva para consolidar o no décadas de inversiones constantes que han permitido, entre otras cosas, convertir a España en uno de los principales países en calidad de suministro de gas. Y no solo los fondos están a la espera, las propias compañías del sector han tomado ya cartas en el asunto. Si no hay un escenario claro y estable, las reclamaciones legales, la presión de los lobbies, etc, se desatarán, generando una complicada espiral en este mercado. 

Todo esto, en medio de un escenario de desaceleración económica al que se enfrenta España y Europa, en el que cualquier vaivén regulatorio tiene doble impacto. Primero, interno para las empresas y el empleo en España y, segundo, externo para los inversores internacionales. La creación de empleo, a través de la afiliación a la Seguridad Social, sufrió el pasado mes de septiembre un brusco frenazo con la menor subida registrada desde septiembre de 2013.

Transición

En este contexto, uno de los drivers de crecimiento en España, con el horizonte puesto en 30 años, será la transición energética. Sin embargo, «a día de hoy, todavía existe cierta incertidumbre sobre cómo será exactamente el sistema energético de descarbonizado en 2050. Es necesario establecer un marco político y legal que permita lanzar este proceso ya en la actualidad», señalaba recientemente Walter Boltz, experto en regulación y miembro de la Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER). 

El secretario general de Eurogas, James Watson, afirma tajante que «más que nunca, deberíamos invertir en nuestras redes de distribución de gas para garantizar que puedan suministrar los gases renovables y el hidrógeno del nuevo sistema», contribuyendo así a los objetivos de la descarbonización. Hablar de este tema es consolidar un sistema con menos emisiones y con unos efectos del calentamiento global mitigados. Y de nuevas inversiones en redes, algo sobre lo que España ya tiene un largo historial y una gran experiencia. 

Por su parte, la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, prometió implantar leyes concretas en sus primeros 100 días de mandato para conseguir una Europa neutra en carbono para 2050. Con apoyos desde Bruselas a las energías más sostenibles. Por tanto, el reloj está en marcha. En todas partes menos, parece, en España. Habrá que ver si pasado el 10 de noviembre se clarifica el escenario.