Empresa familiar pide homogenizar el impuesto de sucesiones

M. Lillo
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Señalan las «enormes diferencias entre unas comunidades y otras» y piden tener en cuenta el empleo y riqueza que generan

Empresa familiar pide homogenizar el impuesto de sucesiones

El impuesto de sucesiones y donaciones recaudado en de Ciudad Real ha dejado en las arcas de la Administración regional 71,6 millones de euros en los últimos cinco años por el pago de este tributo a consecuencia de herencias y donaciones en la provincia. Este impuesto ha estado en el candelero político en los últimos meses después de que la comunidad andaluza y la madrileña anunciaran su práctica eliminación.
En Castilla-La Mancha, que cuenta ya con importantes exenciones y bonificaciones, la recaudación de este tributo ha tenido una evolución irregular en los últimos años, aunque se constata un incremento del 25 por ciento en 2018 en relación con lo ingresado en el año 2012: se ha pasado de 12,3 millones de euros entonces a 15,3 el año pasado. Sin embargo, los datos facilitados a este diario por la Consejería de Hacienda de la Junta de Comunidades ponen de relieve que 2016 fue el año en el que se registró el mayor volumen de recaudación en la provincia, concretamente 15,7 millones.
Los datos ponen de manifiesto que este impuesto dejó unos ingresos que superan los 71 millones de euros en el último lustro solo en la provincia de Ciudad Real por el pago del impuesto de sucesiones y donaciones, a los que se suman otros 510.000 euros en cinco años correspondientes al impuesto de patrimonio, establecido por el Estado y  cuyo rendimiento total se cede a las comunidades autónomas.
En cuanto al impuesto de sucesiones, el presidente de la Asociación de la Empresa Familiar en Castilla-La Mancha, Juan Ignacio de Mesa, se refirió a las diferencias que existen en este tributo entre las distintas comunidades autónomas, por lo que apeló por una normalización fiscal. «El problema es que tenemos un régimen fiscal en España con enormes diferencias entre unas comunidades autónomas y otras, lo cual genera una situación delicada porque no se compite en las mismas condiciones desde el punto de vista tributario cuando tu domicilio social o tu sede personal está en una comunidad u otra. Creo que deberíamos ir hacia una normalización fiscal, eso sería fundamental», afirmó en declaraciones a La Tribuna.
Del mismo modo, recordó que actualmente vivimos en una sociedad globalizada y que dentro de la propia Unión Europa también hay «enormes diferencias» sobre este impuesto, ya que hay algunos países donde no se tributa por sucesiones y donaciones, «mientras que en la mayoría de los países tienen un tratamiento fiscal diferente cuando lo que se dona o se hereda está compuesto por activos vinculados a una actividad empresarial y creo que es algo de los que deberíamos aprender», apostilló.
 En este punto es en el que hizo hincapié el presidente de dicha asociación. Detalló que en el proceso de sucesión de hijos que heredan una empresa de sus padres se pueden encontrar, en alguna ocasión, con la necesidad de «descapitalizar la empresa o vender activos de la empresa para poder pagar los tributos correspondientes. Esto supone que la empresa se puede ir al garete y que puede poner en riesgo tanto la actividad de la empresa como los propios puestos de trabajo que genera», agregó.
Eso, a pesar de que recordó que hace años se logró que en el impuesto de sucesiones y donaciones el tratamiento fiscal en el territorio nacional tuviera unas bonificaciones de hasta el 95 por ciento con determinados condicionantes cuando se trata de activos empresariales, del mismo modo que indicó que en algunas comunidades autónomas dicha bonificación llega a ser del 99 por ciento y de hasta el 100% en algunos casos, con la exención fiscal por tanto.
No obstante, recordó que en el caso de Castilla-La Mancha, un 4% puede suponer una cuantía importante en razón de las distintas empresas y su valoración. Comentó que para una sociedad que tenga un local, un almacén o cierta maquinaria con un valor de mercado de un millón de euros o más, eso se traduce en un importe a pagar del tributo de entre 40.000 y 60.000 euros; una cantidad de la que no siempre se dispone y que obliga a poner sobre la mesa el mantenimiento de esa sociedad, más beneficiosa para la económica por la generación de empleo y riqueza para la zona que por el pago de un tributo puntual, defendió.
Del mismo modo, se refirió al ‘efecto frontera’ que produce el diferente tratamiento fiscal de las regiones y abogó por una «homogeneización» fiscal para evitar la «huida» de empresas a otros territorios por la diferente presión fiscal.