El papa Francisco ha decretado la dimisión 'ex oficio et pro bono Ecclesiae' -dimisión por oficio y por el bien de la Iglesia- del estado clerical del reverendo acusado de abusar sexualmente de nueve menores en el Seminario de Ciudad Real. Así lo ha anunciado el Obispado de Ciudad Real en un comunicado en el que se recuerda que en enero de 2016, el rector del Seminario Diocesano tuvo conocimiento de una serie de hechos protagonizados por el sacerdote con alumnos del Seminario Menor. "Examinados estos hechos, tanto el rector como los demás formadores", lo comunicaron al entonces obispo, Antonio Algora, "que abrió una investigación canónica. Posteriormente, se puso en conocimiento de la Fiscalía  Provincial, por una parte, y de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de Roma, por otra".

En El Vaticano, la Congregación para la Doctrina de la Fe informó del protocolo a seguir en estos casos, en el que desde el Obispado "se indica que, además de imponerle al sacerdote las medidas cautelares, cosa que ya se había hecho desde el primer momento, se debía iniciar un proceso eclesiástico administrativo penal. Este proceso comenzó con el decreto de nombramiento de un sacerdote, delegado del obispo, y de un equipo de asesores del obispo. Los hechos que se le imputaban se pusieron en conocimiento del sacerdote, así como las pruebas aportadas en la investigación previa".

Este proceso administrativo se realiza separada e independientemente de la jurisdicción de Justicia del Estado "y no tiene que coincidir en las apreciaciones, ni en las valoraciones de los hechos, ni en el tiempo de realización, ni en la pena que se le pueda imponer al sacerdote. Son dos caminos distintos a través de los cuales la Iglesia y la Justicia del Estado cumplen con su respectiva obligación, pero separadamente", explican desde la Diócesis de Ciudad Real.

"Realizadas todas las investigaciones necesarias, recogidos todos los datos y la información que resultó de los hechos analizados y de las circunstancias en las que se produjeron, así como las alegaciones de la defensa del acusado, se redactó un informe que, junto al Decreto Episcopal con la pena canónica le impuso reclusión en un monasterio durante cinco años con asistencia espiritual y psicológica". Recibida la conformidad de la Congregación -explica el Obispado- "la pena canónica se comunicó al sacerdote para que comenzase a cumplirla en el plazo que se establecía en la misma comunicación. El sacerdote se negó repetidamente a comenzar a cumplir la pena que se le impuso. La Congregación para la Doctrina de la Fe, ante la negativa a cumplir la pena impuesta, le fue dando plazos repetidamente. El sacerdote los rechazó uno tras otro. No comenzó nunca el cumplimiento de la pena".

Así pues, "en vista del modo de proceder del sacerdote, la Congregación para la Doctrina de la Fe, después de un atento examen de la actitud de desobediencia a los sucesivos requerimientos del obispo de la diócesis para que cumpliera la pena, y en modo particular, de la falta de fundamentación de su negativa; considerando la in-idoneidad del mencionado sacerdote para ejercer el ministerio recibido, el grave daño producido a la Iglesia y a la dignidad del sacerdocio; el Prefecto de la Congregación presentó el caso al Santo Padre, el papa Francisco, y este decretó la dimisión", concediendo al mismo tiempo, "la dispensa de las obligaciones sagradas que tenía contraídas de su identidad sacerdotal".

En el comunicado de la Diócesis se explica también que al ser un decreto del Papa, "emanado por la suprema autoridad, es inapelable".