Lo que debería ser la piedra angular de la Oficina Judicial se está convirtiendo en una piedra en el zapato. El Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP) entorpece más que agiliza porque «se ha burocratizado», aseguran a este periódico jueces, abogados y funcionarios de la Administración de Justicia. El informe anual relativo al funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en la provincia en el último año expone la situación, las disfunciones en el funcionamiento hasta el punto de que se está poniendo en duda que el nuevo modelo de Oficial Judicial (en Ciudad Real entró en funcionamiento en febrero de 2011) tenga cabida en órganos especializados como los juzgados de Menores, Vigilancia Penitenciaria e incluso Violencia sobre la mujer, sobre todo si se contempla un Servicio Común de Ordenación del Procedimiento como es el caso de Ciudad Real, que fue pionera en la implantación de este nuevo sistema organizativo de oficina judicial, que no marcha como debería, coinciden en señalar jueces, abogados y funcionarios de la Administración de Justicia.

La presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, María Jesús Alarcón, también se ha pronunciado en este sentido con la claridad que la caracteriza. En su informe anual pide que se subsanen las disfunciones y dotar de los medios necesarios a la Oficina Judicial. A su juicio, es «preciso revisar» e incluso replantear el modelo en los puntos donde falla e incrementar la dotación del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento «para lograr un correcto funcionamiento del mismo». El SCOP aumenta en muchos casos el tiempo de respuesta en la tramitación de los procedimientos.

La organización es «deficiente» y «se ha burocratizado mucho la tramitación», señalan trabajadores de los Juzgados de Ciudad Real, quienes vaticinan un agravamiento de la situación porque «se han suspendido miles de juicios en los meses de confinamiento» y porque «la crisis sanitaria ya ha hecho mella en la actividad económica», remarca a este diario uno de los funcionarios de la Administración de Justicia con más experiencia.

Tres servicios. La nueva organización de la Oficina Judicial en Ciudad Real la integran el Servicio Común General (SCG), el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP) y el Servicio Común de Ejecución (SCEJ), además de las diferentes unidades procesales de apoyo directo al juez (UPAD).

 En Cuenca, sin embargo, no hay SCOP y la valoración general es que la eficacia del modelo es mejor que en el caso de Ciudad Real.

Precisamente ha sido necesario «mantener» desde el principio «refuerzos muy importantes» en el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento de Ciudad Real, sin olvidar el SCEJ y algunas UPAD como producto de la carga de trabajo, sobre todo los Juzgados de lo Penal, y algunos otros como los Mercantiles y de Violencia sobre la Mujer, donde «se veía claramente la insuficiencia de los funcionarios» destinados en las mismas.

En cuanto al expediente digital, juristas y funcionarios de Justicia afirman que «tampoco funciona como cabría esperar».

La presidenta de la Audiencia  Provincial asegura que «presenta numerosas deficiencias, no está debidamente indexado y foliado y dificulta su examen». En este contexto, refiere que la calidad de las grabaciones de los juicios orales «deja mucho que desear», es "deficiente la audición y en general el visionado", pese a la renovación de los equipos. Alarcón, en el informe de la memoria judicial, hace especial referencia al «escaso o nulo control» por parte del letrado de la Administración de Justicia de que la grabación de las vistas orales esté correcta tras la celebración de la vista o juicio. «Corresponde al letrado de la Administración de Justicia, como director de la Oficina Judicial, examinar y controlar tales extremos, pues cuando se detecta algún tipo de deficiencia una vez remitidos los expedientes a la Audiencia, la devolución o su reclamación, no es algo que tenga pronta respuesta, sino, muy al contrario, pueden transcurrir hasta un mes en su remisión, con el consiguiente perjuicio para el justiciable que de forma injustificada sufre un retraso aún mayor en el dictado de la resolución pertinente». De ahí que sea «recomendable» que se arbitren los medios adecuados para que la remisión de los expedientes judiciales se haga correctamente.