El curso escolar comienza hoy con el miedo en el cuerpo de muchos padres tras el avance acelerado de los contagios por COVID-19 en los últimos días y la sospecha de que algunos padres decidan por su cuenta no llevar a sus hijos al colegio por temor a que contraigan una enfermedad altamente contagiosa.

Ante este escenario, el fiscal jefe, Luis Huete, en declaraciones a La  Tribuna, advierte de que «los niños tienen el deber de acudir a clase y los padres la obligación de llevarlos», de escolarizarlos y favorecer su asistencia para procurarles una formación. Huete recuerda que en España la escolarización es obligatoria de seis a 16 años y que la Fiscalía de Ciudad Real actuará ante los casos de absentismo escolar, como ha hecho siempre.

De hecho, es uno de los caballos de batalla de la Fiscalía de Menores de Ciudad Real. En 2018 se incoaron 25 diligencias por absentismo escolar, doce finalizaron con una denuncia a los padres por dejación de funciones y el resto se archivaron. Aún no se ha presentado el informe anual correspondiente a 2019 y por ello no hay datos al respecto. Pero los de años anteriores evidencian el trabajo que realiza la Fiscalía de Menores en este campo para garantizar el derecho de los niños a recibir educación, también en tiempos de COVID. Y, ante esta crisis sanitaria, cabe esperar que las autoridades educativas hayan adoptado todas las medidas para garantizar la seguridad y la salud de los escolares, prevenir contagios y detectar posibles casos, señala  Huete.

Los centros escolares deberán aplicar los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades educativas y sanitarias, y los fiscales, actuar en consecuencia contra los padres que desobedezcan el mandato y no lleven a sus hijos al colegio sin una justificación. En este contexto, el fiscal jefe indica que seguirán el criterio marcado por la Fiscalía General del Estado. «Hay una resolución de la Fiscalía de Menores que unifica criterios sobre  comportamientos que puedan ser calificados de absentismo escolar, casos de menores que no acudan al colegio por el temor de sus padres a que se contagien». La Fiscalía de Ciudad Real siempre ha expresado su preocupación por el absentismo escolar. De este modo, en caso de repetida y no justificada asistencia a clase investigará e incoará las diligencias oportunas. El absentismo puede constituir un delito de abandono con penas de cárcel (de tres a seis meses), multa y pérdida de la patria potestad.