La residencia echa el cierre tras reubicar a unos 50 mayores

A. Criado
-
La residencia echa el cierre tras reubicar a unos 50 mayores - Foto: Rueda Villaverde

La residencia privada Calatrava cerró hace unos días sus puertas tras el realojo de todos sus usuarios en otros centros de la provincia, privados y públicos, como consecuencia del desalojo del inmueble fijado para este viernes

La residencia privada Calatrava, ubicada en la antigua fábrica de pegamento Imedio de Calzada, cerró hace unos días sus puertas tras el realojo de todos sus usuarios en otros centros de la provincia, privados y públicos, como consecuencia del desalojo del inmueble fijado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almagro para las 10.00 horas de mañana viernes por «impago del alquiler». Ante la indignación de los familiares, su titular concedió a mediados de marzo un mes más de plazo para reubicar a la treintena de mayores de que aún permanecían en aquel momento en el centro residencial. Eso sí, el juez aclaró en un auto que era una prórroga «máxima e improrrogable». Así lo confirmaron a este diario fuentes de la sociedad denunciante (Cabañas e Hijos), que mañana se personará en el juzgado almagreño para recoger las llaves del edificio o, en su defecto, en el propio inmueble para entrar con la ayuda de un cerrajero. Hay que recordar que sobre el mismo existe también una ejecución hipotecaria, aunque el abogado de la empresa hace hincapié en que en este nuevo escenario «se pueden adoptar otro tipo de soluciones con la entidad financiera». Añadió, en este sentido, que la situación era ya «insostenible», ya que la empresa que gestionaba la residencia (Ruiz Espinosa 2013) llevaba «cinco años sin pagar el alquiler» y la deuda acumulada alcanzaba ya los «380.000 euros». Aunque se trataba de un centro privado sin ninguna plaza concertada, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha mediado en este conflicto para intentar facilitar una solución a los familiares del medio centenar de mayores que residían en la residencia calzadeña. A mediados de febrero, la directora provincial de Bienestar Social, Prado Zúñiga, se reunió con los residentes y sus familiares para plantearles posibles soluciones ante el inminente desalojo (el lanzamiento, fijado inicialmente para el 9 de enero, se pospuso al 13 de marzo y posteriormente al 12 de abril). Les informó de las plazas libres que había en residencias privadas de la zona, en un radio de 50 kilómetros, y de las ayudas que existen para el pago de este tipo de recursos sociales. Zúñiga recordó que todas las plazas de la residencia Calatrava son privadas y que la Junta de Comunidades «no tiene vinculación administrativa directa», aunque hizo hincapié en que iba a hacer todo lo que estuviera en su mano para «ayudar a garantizar el bienestar de los mayores». En este escenario, Bienestar Social atendió la demanda de plaza en residencias públicas de cinco mayores y aprobó la entrada de un usuario con síndrome de Down en el Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad Intelectual (Cadig) de La Solana. Los familiares del resto de usuarios se han visto obligados a reubicar a sus mayores en centros privados, aunque en el escrito que remitieron al juez ya advirtieron que no había plazas suficientes en la zona y que las que había eran «por un importe muy superior» al que podían pagar.