Plus Ultra: una compañía con 4 aviones y solo uno operativo, que en el ejercicio anterior a la pandemia movió 154 mil pasajeros; figura en el puesto 166 del ranking de compañías que operan en España y no llega al 0,1 de la cuota de mercado. Ha recibido 53 millones de euros del gobierno español a cargo de los fondos de rescate de la Unión Europea. Más: se dice española pero según el registro el 57 por ciento del accionariado es extranjero, por lo que la ayuda sería ilegal. La mayoría de ese accionariado es venezolano, de empresarios conocidos por sus vinculaciones con el régimen de Maduro. Los socios tienen Panamá como centro de operaciones de sus negocios.
El gobierno español ha justificado la ayuda porque, dice, Plus Ultra es una compañía estratégica, opera en el mundo de la emigración y además contribuye a fortalecer el aeropuerto Adolfo Suárez en la aviación internacional.
Aún más: el gobierno de Maduro sigue sin permitir que los aviones de Iberia operen en Venezuela. ¿Covid o gesto antiespañol? La respuesta es evidente.
Ante una decisión que ha provocado escándalo, el ministerio de Transportes alegó que no tenía nada que ver con esa operación, hasta que se descubrió que tenía que ver y mucho: el ministerio de Ábalos fue el que elaboró el informe que abrió la puerta para que Plus Ultra consiguiera el regalo del gobierno español. Ábalos ya mintió cuando se le pidieron explicaciones por su encuentro en Barajas con la presidenta Delcy Rodríguez, dio cinco versiones distintas y algún día se conocerá la verdad de lo que ocurrió y por qué, y probablemente el ministro no saldrá bien parado. Pero la obligación ahora del gobierno es explicar por qué se conceden nada menos que 53 millones de euros a una empresa no española que huele desde lejos a irregular, es cercana al chavismo, se mueve en paraísos fiscales, vinculada con la quiebra de Air Madrid … y que no mueve ni 200 mil pasajeros.
El gobierno de Sánchez desprecia a los españoles. Ni rinde cuentas aunque está obligado a hacerlo, ni cumple los requisitos de transparencia aunque está obligado a hacerlo. En este caso además agravia a centenares de miles de empresas españolas que sufren las consecuencias de la pandemia y que piden ayudas, las suplican, para sobrevivir. La mayoría han cerrado, pero algunas podrían salir adelante con los fondos europeos de reconstrucción si el gobierno tuviera a bien cumplir los requisitos a los que obliga Bruselas.
Se echa de menos que la UE no esté atenta a lo que ocurre en España, a la desfachatez de su gobierno. No sirven de nada los recaditos de que hay que crear un comité independiente para decidir el reparto de los fondos. Si Sánchez no atiende esos recaditos, lo que corresponde es que Bruselas actúe en consecuencia si el gobierno español no garantiza que los fondos van a donde deben ir.