Niegan ser traficantes ni saben nada del laboratorio de coca

Pilar Muñoz
-
Niegan ser traficantes ni saben nada del laboratorio de coca - Foto: Rueda Villaverde

El cabecilla de la trama se presenta como un empresario de exportación de maquinaria pesada, mientras su hijo y el resto de encausados niegan los cargos. Se enfrentan a condenas de entre 9 y 14 años de cárcel

Los seis acusados de tráfico de drogas, que fueron apresados en 2016 en la operación policial que desmanteló un laboratorio de drogas en una finca agrícola de Alcázar, niegan los cargos por los se enfrentan a penas de entre nueve y 14 años de cárcel. No saben nada de drogas, no se conocen (salvo uno de ellos, su hijo y nuera y alguno más) y «nunca» han estado en Alcázar, en la finca donde montaron un laboratorio para elaborar y adulterar cocaína, según sostiene el fiscal basándose en las pruebas que maneja.
La primera sesión del juicio en la Audiencia Provincial contra seis presuntos traficantes se inició a las 10.45 horas de ayer después de unas cuestiones entre las partes (fiscal y defensas) a puerta cerrada. Antes del interrogatorio de los encausados, se procedió a las escuchas de las intervenciones telefónicas, algunas con ciertas dificultad.
Después subió al estrado James Robert P. V, colombiano de 48 años, que se presentó como un trabajador que se dedicaba a la exportación de maquinaria pesada, casado y padre familia. Uno de sus hijos se sienta también en el banquillo de los acusados por los mismos hechos destapados en junio de 2016 cuando la Policía Nacional desmanteló un laboratorio de drogas en una finca de Alcázar y detuvo a seis personas, cinco hombres y una mujer.
James Robert P. V. negó conocer al resto de encausados, salvo a su hijo, a quien dijo que no frecuentaba, y su nuera. También negó cualquier relación con el mundo de las drogas. Remarcó que ni consume ni mucho menos trafica, él se dedica a la exportación de maquinaria pesada. No se ha reconocido en las escuchas telefónicas y cuando el fiscal le ha preguntado por los alias o apodos de ‘papa’, ‘Pocho’, ‘Pocholo’, ‘Pocholín’, el acusado, en el mismo tono bajo y flemático de toda su declaración, dijo con un punto de ironía: «papá me llama mi hijo».
En cuanto al hallazgo en su casa de una báscula de precisión (elemento relacionado con el tráfico de drogas), no supo responder.
A preguntas más directas del fiscal sobre el asunto por el que se sientan en el banquillo de los acusados, James Robert P. V. negó ser el cabecilla, dar instrucciones a su hijo Edison Alexandre P.M. y a otros acusados en el supuesto business de las drogas. Y, preguntado por sus antecedentes, recordó que en 2001 «tuve un incidente».
La mujer que buscó la finca agrícola para alquilar y, según el fiscal, para convertirla en un laboratorio de cocaína, fue pareja de James Robert P. V., por ello su abogado le preguntó respecto a su actual relación. El acusado dijo que es la madre de su hija y que no le deja verla. Negó haber estado en casa de esta mujer, que según declaró tiene un hijo que está en busca y captura.
Tras su declaración, subió al estrado su hijo Edison Alexandre P.M. que sólo respondió a preguntas de su abogada María del Mar Vega.
De este modo, el acusado negó pertenecer a un grupo criminal, negó haber estado en la finca de Alcázar y cualquier relación con el mundo de las drogas.
El tercero en ser interrogado fue Alexander G. C. que siguió el mismo camino que el anterior. Sólo respondió a preguntas de su abogado e igualmente negó los cargos.
El contrato. Edison B. A., quien siguió la tónica que los dos anteriores, dijo que vino a España para trabajar y que cuando empezó la crisis tuvo que volver a su país, Colombia. Ha trabajado de mesero (camarero) y en octubre de 2014 cuando una mujer le dijo que firmara el contrato del alquiler de una finca agrícola a cambio de 300 euros, «firmé sin más» porque entonces tenía problemas económicos.
Según su versión, nada más firmar se marchó a Colombia y que regresó en mayo de 2016 porque «me dijeron que había mucho trabajo y que estaba más fácil la entrada». Las escuchas y otras pesquisas desmiente en el escrito de acusación esta versión.
Rocío B. B., mujer del hijo del supuesto cabecilla, respondió a todas las partes negando los cargos que se le imputan.
El último en declarar fue Javier F. R., agente comercial de Alcázar, que se dedica a la venta y alquiler de inmuebles y también a la comercialización de vino, mosto, sandias, melones, cebollas ... El hombre reiteró que alquiló la finca a una mujer, firmando el contrato un hombre sin saber a qué se dedicaban. Aseguró que sólo fue un par de veces a la finca una vez que se la alquiló para arreglar el grupo electrógeno y que nunca vio nada raro, que le hiciera sospechar. Sólo una vez se asustó al regresar de la finca para ir en busca de un mecánico y un coche le siguió hasta Alcázar.
El juicio sigue hoy con la testifical de la Policía Nacional.

 

Siete kilos de cocaína

La operación que ha sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial a cinco hombres y una mujer se inició a finales de septiembre de 2015 a cargo de la UDYCO de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional. En junio de 2016 desmantelaron una organización criminal dirigida desde Madrid y con un rama en Alcázar, donde montaron un laboratorio para la elaboración del clorhidrato de cocaína desde su origen hasta su finalización, que se suele llevar a cabo en tres fases: extracción de la cocaína y demás alcaloides de las hojas de coca, la pasta de coca; purificación de la pasta de coca en cocaína base; y conversión en clorhidrato de cocaína. En Madrid se incautaron de siete kilos de cocaína y en la finca de Alcázar de grandes cantidades de precursores y distinros productos. 
 

Niegan ser traficantes ni saben nada del laboratorio de coca Rueda Villaverde
Niegan ser traficantes ni saben nada del laboratorio de coca - Foto: Rueda Villaverde