«Los hombres de negro se van de Castilla-La Mancha». Con esta frase el consejero de Hacienda, Alfonso Ruiz Molina, resume el OK que le acaba de dar el Ministerio del ramo a los datos remitidos por la región en materia de déficit, deuda y regla de gasto.Datos que confirman que la comunidad cumple con todos estos parámetros y, por tanto, se  libera del ‘control reforzado’ impuesto a la Junta en el año 2011.  Control al que siguen aún sujetas autonomías como Valencia, Andalucía o Baleares.

Además,  «ya no estamos obligados» a elabora y presentar al Ministerio planes económicos y financieros,  explica el consejero.  Y, sobre todo, deja vía libre a la Junta de Comunidades para volver a financiarse en los mercados, vetados hasta el momento.  

Ahora  a Ruiz Molina y a su equipo les toca decidir si se mantienen en la opción de obtener dinero a través del Fondo de Liquidez Estatal (FLA), u optan por otras vías, tal y como ocurría hasta la llegada de la crisis económica.  Decisión que aún no está tomada, según se insiste desde el Gobierno regional. «Estamos estudiando las posibles alternativas».

A favor de salir de nuevo al mercado estaría la buena acogida que tuvieron a finales de año  las operaciones de refinanciación de la deuda autorizadas por Moncloa, por un importe de 680 millones de euros. Como recuerda Ruiz Molina, esa deuda fue asumida rápidamente por las entidades financieras, con una mejora en las condiciones existentes hasta el momento, fundamentalmente, en los tipos de interés. Una mejora que podrían generar un ahorro de hasta 14 millones  de euros, según reitera.

Con todo, Ruiz Molina no deja de insistir en que esta ‘liberación’ financiera de la Junta es fruto de la «actuación planificada» de los últimos cuatros años, que «ha hecho compatible la recuperación económica y social de Castilla-La Mancha, con el plan de saneamiento de las finanzas públicas».

Castilla-La Mancha cumplió en 2018 «con todos los objetivos marcados en la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad»,  cerrando el año con un déficit de 149 millones, el 0,36 por ciento del PIB, y una deuda de 605 millones, el 31,1 por ciento. Dos conceptos por debajo del límite impuesto por Moncloa, que estaba en el 0,4  y el 35,3 por ciento, respectivamente.

En el caso concreto de la deuda, Ruiz Molina ha reconocido que este ha sido el parámetro donde mejor se ha movido la región en estos años, cumpliendo con los objetivos impuestos a lo largo de toda legislatura y cerrando 2018 entre las comunidades que mejor evolución ha tenido en relación con el indicador de la deuda y su porcentaje en relación con el PIB desde junio de 2015.

En cuanto a la llamada regla del gasto, según la cual las administraciones públicas no pueden incrementar el gasto por encima de un porcentaje que se fija anualmente por el Consejo de Ministros,  Castilla-La Mancha se mantenido en un margen del 1,7 por ciento, bastante inferior al hasta 2,4 por ciento permitido por Moncloa para el último ejercicio.