El exalcalde de Manzanares entre 2011 y 2015, Antonio López de la Manzanara (PP), y el regidor de la vecina localidad de Membrilla, el también popular Manuel Borja Menchén, se defienden del delito contra los recursos naturales y el medio ambiente que se les imputan cargando contra Acciona, la empresa encargada de la gestión de agua en ambos municipios.

Han declarado que no se les informó de los vertidos y cuando conocieron el «problema» actuaron en la medida de sus posibilidades. «Nos enteramos a toro pasado», ha aseverado el exalcalde de Manzanares ante la magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de Ciudad Real, Antonia López-Manzanares Somoza, que enjuicia los hechos denunciados en 2014 por vertidos al afluente Azuer del río Guadiana que vierte en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel con el consecuente daño al ecosistema.

El exalcalde de Manzanares y el regidor de Membrilla se sientan en el banquillo de los acusados junto a los concejales de Medio Ambiente Manuel Martín-Gaitero y Trinidad Alcaide y los administradores de las bodegas manzanareñas Jesús del Perdón-Yuntero y Don Quijote y Galán, de Membrilla. El exregidor, los munícipes y las tres sociedades mercantiles de estas cooperativas se enfrentan a dos años y seis meses de cárcel por los vertidos.

Imágenes de los acusados en el banquillo y del alcalde de Membrilla entrando a la sala de vistas del Juzgado - Foto: Rueda VillaverdeEl fiscal del caso, Carlos G. Santorum, no se descabalga de la acusación y su interrogatorio, en la primera sesión del juicio celebrada hoy, ha gravitado alrededor de tres ejes para demostrar lo que considera un delito de comisión por omisión que hizo que esos vertidos contaminantes de las bodegas en las campañas de vendimia 2013-2014 llegaran al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. En base a las pruebas que maneja defiende que no se hizo, pudiéndose haber hecho, una vigilancia o actividad concreta para impedir que esos vertidos salieran.

Los acusados han reiterado que hicieron todo lo que estaba en su mano a raíz de conocer la situación y, además de culpar a Acciona por no avisarles de que se habían producido esos vertidos por una avería en la depuradora, se han amparado en el reglamento de vertidos de entonces para argüir que no contemplaba sancionar a las bodegas.

La mejor de CLM. El exalcalde de Manzanares ha afirmado que tenían plena confianza en la depuradora, que «era una de las mejores de Castilla-La Mancha», ha apostillado. Una depuradora que estaba sobredimensionada, según los informes en poder la Fiscalía. 

El alcalde de Membrilla entrando a la sala de vistas del Juzgado - Foto: Rueda VillaverdeSin embargo, el exregidor ha insistido en que se enteraron de los vertidos por agentes del Seprona de la Guardia Civil que hicieron unos informes tras las inspecciones realizadas. Precisamente, este asunto ha sido una de las cuestiones previas planteada por uno de los abogados de los encausados. Ha planteado la nulidad de acciones respecto a la toma de muestras del agua, ya que, según ha sostenido, se llevó a cabo sin la presencia del personal de las cooperativas. El letrado de una de las bodegas acusadas ha remarcado que las muestras no se tomaron en las arquetas, donde se produjo el vertido. Para esta parte en liza, el asunto está en la frontera entre lo administrativo y lo penal.

En cualquier caso, su cliente y el resto de acusados  están en el banquillo por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente castigado en el Código Penal con penas de hasta cinco años de cárcel. El fiscal es rotundo: contribuyeron a que los vertidos contaminaran el medio natural. De ahí que su interrogatorio haya estribado sobre la participación conjunta de todos ellos, su cuota de participación en la realización «directa o indirecta» de vertidos contraviniendo las disposiciones que regulan el medio ambiente.

El fiscal sostiene que se perjudicó gravemente el equilibrio de los ecosistemas naturales. No hubo daños contra la salud de las personas, que sería otro tipo delictivo agravado con una pena de cárcel mayor, pero si al medio natural.  El Seprona detectó cambios en las propiedades organolépticas del afluente Azuer e inició una investigación que concluyó que dos cooperativas habían vertido residuos sin tratar a la red municipal coincidiendo con la vendimia.

Sobre este asunto, López de la Manzanara ha dicho que ningún responsable del Parque Nacional de las Tablas le dijo que se había causado daño a la fauna.

El reactivo equivocado.  El concejal Martín-Gaitero ha declarado en los mismo términos que el exalcalde, añadiendo que Acciona «nunca tomó la iniciativa, no encendieron las alarmas. Nos dijeron que todo estaba bien» cuando no era así porque "se habían equivocado de reactivo" para el control de aguas residuales. De ahí que no se detectara el mal funcionamiento de la depuradora.

El emisario de Membrilla entronca con el de Manzanares y Acciona «tenía que conocer los vertidos», ha declarado el alcalde de este municipio, que también responsabiliza a esta empresa. A su juicio, podía haber tomado otras medidas como utilizar el filtro verde antes de verter directamente al Azuer. El juicio continua hoy en la sala de la tercera planta de los Juzgados de Ciudad Real.

Las bodegas se defienden: no vertían al Azuer. Los abogados de las tres cooperativas acusadas de vertidos contaminantes cuestionan la acusación y aseguran que la toma de muestras para analizar las aguas se hizo mal. Además, afirman que ni los ayuntamientos de Manzanares ni de Membrilla, ni la Confederación Hidrográfica del Guadiana ni Acciona les comunicaron que los vertidos estaban por encima de la normativa. También desmienten al exalcalde López de la Manzanara sobre la apertura de un expediente. Así lo ha asegurado Santiago Cantero de la Cooperativa Don Quijote, que compró la bodega en septiembre de 2013 e hizo un esfuerzo muy grande para poner en marcha la depuradora. Una inversión de 350.000 euros, ha precisado. Félix Cano, por entonces presidente de la bodega Jesús del Perdón, ha atestiguado que no vertían al río Azuer tras reiterar que tenían depuradora. Tampoco le consta que Acciona hiciera inspecciones. En términos similares se ha expresado y defendido Agustín Fuentes, de Bodegas Galán. 

Sin calefacción por el elevado coste. La magistrada que enjuicia la causa abierta por los vertidos de las bodegas ha hecho lo indecible para que se habilitara la sala donde se celebra la vista oral, en la tercera planta de los Juzgados de Ciudad Real. Se trata de una sala de grandes dimensiones y un ventanal de iguales proporciones para reuniones y actos solemnes, que por la pandemia también acoge juicios cuando hay muchos imputados y abogados al tener más metros que una sala de vista normal, mucho más reducida. 

La magistrada Antonia López-Manzanares ha tratado por todos los medios de que la sala estuviera habilitada, pero ha sido útil. Una vez más se ha puesto de manifiesto la falta de medios y uno de los grandes problemas del edificio de los Juzgados: el aislamiento térmico, la mala climatización. En verano se asfixian y en invierno se congelan. Además, no se enciende la calefacción en dicha sala porque el coste es muy elevado, según les han dicho desde la Gerencia territorial del Ministerio de Justicia. La magistrada tuvo que disculparse por las condiciones en las que se desarrolla el juicio debido a todo ello.