Toda la fragilidad que Nadia Calviño puede transmitir en un primer momento se transforma en contundencia en cuanto aflora la firmeza de sus convicciones. Parece como si se moviera siempre en un mismo plano, sin bajar al fango donde se resuelven ahora las disputas políticas, pero sin descender tampoco al detalle de un porcentaje o una previsión que puedan condicionar el mensaje de que estamos inmersos en un proceso de recuperación económica que no tiene marcha atrás. Prefiere morderse la lengua a criticar o siquiera enumerar las contrapartidas que le ha pedido la Banca por salir del accionariado de la Sareb. Quizá sea producto de su trayectoria como economista del Estado y alta funcionaria española de las instituciones europeas o de su paso como profesora por la Complutense. Nadia Calviño (La Coruña 1968) ha asumido también este mes la presidencia del Comité Monetario y Financiero Internacional.

El comienzo de año está siendo especialmente agitado para el Gobierno. En primer lugar, por las negociaciones para la reforma laboral, que debe superar aún su aprobación parlamentaria.

Después de muchos meses de un trabajo muy intenso, llegamos a un acuerdo equilibrado con los representantes de los trabajadores y de las empresas y hay que tratar de preservar el valor de ese acuerdo tripartito para llevar adelante la reforma que España necesita. Responde a las recomendaciones que nos han venido haciendo los organismo internacionales, aborda los problemas que llevamos décadas arrastrando, especialmente la temporalidad y la precariedad y va a permitir impulsar la creación de empleo de calidad en esta fase de crecimiento que ahora se inicia. Además da seguridad jurídica a las empresas e impulsará su crecimiento.

¿Con quién ven más factible lograr esa aprobación? ¿Dan ya por imposible el acuerdo con el PP?

Estamos hablando con todos los grupos porque esta reforma debería tener el máximo apoyo parlamentario posible. Creo que no hay ninguna buena razón para oponerse a una reforma laboral que tiene un amplio apoyo por parte de la sociedad.

Otro punto de fricción lo están provocando los fondos Next Generation para la recuperación. Las comunidades gobernadas por el PP denuncian un reparto partidista de los mismos, favoreciendo a aquellas en las que gobierna el PSOE. Incluso hay un recurso en los tribunales.

No hay que distraerse de lo verdaderamente importante, que es aprovechar este momento. Tenemos la oportunidad de llevar a cabo un volumen de inversiones sin precedentes en nuestro país gracias a los fondos europeos. Para ello es indispensable la leal cooperación entre administraciones. Ya hemos transferido a las comunidades autónomas más de 11.200 millones de euros para inversiones, 740 de ellos a Castilla y León y 600 a Castilla-La Mancha; inversiones que van a servir para frenar la despoblación, impulsar el empleo, proteger los ecosistemas, mejorar la educación y la formación profesional. Lamentablemente, desde que empezamos a hablar de los fondos Next Generation hemos visto una actitud de boicot por parte del PP, tanto en las instituciones europeas como dentro de España. No parece entender que esta es una magnífica oportunidad para nuestro país gobierne quien gobierne.

Sin embargo, hoy mismo leíamos que el Gobierno no sabe qué parte de los fondos ha llegado finalmente a las empresas ¿está fallando algún elemento de control?

No, no, en absoluto. Los elementos de control que hemos establecido son altamente exigentes por parte del Ministerio de Hacienda y de la Intervención General del Estado. El proceso de inversión pasa por distintas fases. Hay una fase de preparación, otra en la que se produce el compromiso de inversión y otra en la que se hace el pago de las inversiones correspondientes. Lo importante no es correr sin saber hacia dónde vamos, sino tener un flujo y un ritmo constante de inversión que a partir de ahora nos permita impulsar la recuperación y la modernización de nuestra economía.

¿Cómo van a ayudar estos fondos a la transformación de algunos sectores como el de la automoción, tan importante en este país?

La automoción es un sector estratégico para España y por eso el primer proyecto que se presentó fue precisamente el de la transformación de este sector. Castilla y León va a ser una de las comunidades que tengan un papel protagonista en toda esta inversión porque cuenta con uno de los principales ensambladores y una industria auxiliar de componentes que es líder a nivel mundial. Hemos trabajado muy intensamente con el sector hasta conseguir encauzar el proceso de ayudas y lograr la autorización de Bruselas. Ahora estamos finalizando la convocatoria de las inversiones, precisamente para que podamos comenzar a trabajar cuanto antes en esa colaboración público privada que logre la transformación hacia el vehículo eléctrico, que es el futuro.

¿En qué se van a materializar esas inversiones?

El proyecto estratégico que aprobó el Gobierno en julio tiene distintas patas. Tiene un tema central, que es la transformación de toda la cadena de valor, tiene un elemento de I+D, ayudas que ya han sido lanzadas por parte del Ministerio de Ciencia, pero tiene también un componente de formación, otro tecnológico relacionado con la digitalización y uno más relacionado con la instalación de una fábrica de baterías. En definitiva recoge todos los elementos necesarios para lograr una transformación que España debe liderar.

El Gobierno había proyectado un impacto promedio del Plan de Recuperación de 2 puntos en el PIB en periodo 2021-2023 ¿mantienen esta previsión?

El Plan de Recuperación tiene un impacto que no se limita solo a las propias inversiones por parte del sector público, sino también a la movilización de la inversión privada y a la creación de empleo derivada. Estoy convencida de que ya ha tenido un impacto positivo en 2021, porque nos ha permitido tener una salida de esta crisis muy diferente de la anterior.

El Gobierno mantiene su previsión de crecimiento del 7% del PIB para este año. Sin embargo, esta misma semana, un informe de Funcas rebajaba esta cifra hasta el 5,6%. Antes lo había hecho ya el FMI y el Banco de España. ¿Va a rebajar el Gobierno sus previsiones a la vista de estos análisis?

A lo largo de este periodo hemos visto constantes revisiones, a la baja y al alza. Y vamos a seguir viéndolas. La pandemia ha complicado los trabajos de previsión macroeconómica y por eso es tan importante seguir indicadores que estén cerca de la realidad. En este sentido, la recuperación del mercado de trabajo en nuestro país es extraordinaria. Ya tenemos aproximadamente 20 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Se han recuperado e incluso mejorado los niveles prepandemia en todas las métricas del mercado laboral. Y lo mismo ocurre con los ingresos fiscales, que están ya 4 punto por encima de los niveles prepandemia y 10 puntos por encima de lo que preveíamos para el año pasado. Con el resultado de que vamos a cumplir seguro nuestros objetivos de reducción de déficit ya en 2021. Esto ofrece unas perspectivas muy positivas para 2022 y en esto coinciden todos los organismos internacionales, en que España será uno de los motores de crecimiento económico en Europa este año.

¿Eso significa que no van a variar sus previsiones de crecimiento?

Es que creo que vamos a ver constantes variaciones, y por tanto creo que es el momento de mirar al futuro. Y lo que vemos, a pesar de omicron, es que la economía española está resistiendo bien y que las perspectivas para los próximos años son positivas.

¿Qué análisis hacen en el Ministerio sobre el impacto en la economía de la crisis militar abierta entre Rusia y Ucrania una vez que España ya ha enviado tropas al Este, con la oposición, por cierto, de un ala del Gobierno?

La preocupación con respecto a un posible impacto por un conflicto en la frontera este de Europa es independiente de la participación o no de España. Es evidente que la tensión geopolítica es un factor de incertidumbre que figura entre los principales riesgos que estamos siguiendo a nivel internacional. Igual que la evolución de la pandemia o de los precios de la energía, algo que, por cierto, está relacionado con la tensión en nuestra frontera oriental.

Una de las amenazas para el crecimiento es la galopante inflación que registra España. ¿Cuando prevé el Gobierno que se pueda contener?

La inflación está marcada, mayoritariamente, por la evolución de los precios energéticos, que depende de los mercados internacionales. Todos los organismos internacionales prevén que a lo largo de 2022 el alza de los precios se vaya reduciendo. Hemos cerrado 2021 con una tasa en torno al 3%, pero más que la cifra lo que me preocupa son las causas subyacentes del precio de la energía, porque eso tiene un impacto en empresas y familias. A pesar de que en 2021 hemos podido amortiguar ese impacto con la bajada del IVA, tenemos que atajar las causas del alza de los precios de la energía, que tiene una dimensión que trasciende de la nacional. Por eso somos tan activos en Europa, para tratar de dar una respuesta global.

¿En qué línea están trabajando?

Hemos presentado numerosas propuestas para que la Unión Europea hable con una voz única frente a los suministradores de gas en los mercados internacionales, al igual que hemos hecho con la compra de vacunas. También la de disponer de una reserva estratégica común para toda Europa en el ámbito del gas, cambios regulatorios para poder desacoplar la evolución del precio del gas de los precios medios de los mercados mayoristas y acabar con la especulación en los mercados de compra de derechos de emisión de CO2…

El alza del IPC tiene un efecto inmediato en los salarios, lo que puede frenar la competitividad. Usted ya ha manifestado que no es partidaria de aplicar directamente a los salarios este alza de los precios, pero esto supone que los trabajadores pierdan poder adquisitivo. ¿Se les va a compensar de alguna manera?

No hay que perder de vista que comenzamos 2021 con un alza de precios del 0%. Que el alza media de los precios en 2021 ha sido del 3%. Que las previsiones tanto del Banco Central Europeo como del Banco de España es que haya una reducción rápida de los precios en 2022. Todos estos factores deben ser incorporados en este tipo de análisis. Pero quiero dejar claro que yo no entro en las negociaciones que se puedan producir a nivel de empresa o a nivel de sector entre los representantes de los empresarios y los representantes de los trabajadores. Es ahí donde se debe determinar cuál debe ser la evolución de los salarios teniendo en cuenta todos los factores.

Lo que sí debe determinar el Gobierno es cuál debe ser la subida del Salario Mínimo.

Hemos subido el SMI en más de un 30% desde que llegamos al Gobierno y tenemos el compromiso de llegar al final de la legislatura a que sea el 60% del salario medio. Se está ya consultando con los agentes sociales para tratar de llegar a un acuerdo para el incremento de este año.

¿Y cuánto cree el Gobierno que debe subir el Salario Mínimo este año?

El año pasado convocamos a un grupo de expertos que elaboraron un informe contemplando diferentes escenarios y ese es el marco en el que estamos trabajando. Pero antes de nada queremos dar la oportunidad a los agentes sociales para llegar a un acuerdo.

Las autonomías del PP, capitaneadas por Madrid, apuestan por una bajada impositiva, mientras el Gobierno central sube algunos impuestos como el de sociedades o el de matriculación.

El Gobierno lo que defiende es que España debe aumentar los ingresos fiscales, porque está muy por debajo del resto de Europa. Para eso, lo primero es luchar contra la economía sumergida y la evasión fiscal. Hemos aprobado una ley contra el fraude fiscal y la evolución de la recaudación está siendo muy positiva. En 2021 ha sido un 4% superior de lo que había prepandemia y un 10% por encima de lo que habíamos previsto en los presupuestos.

Pero resulta muy difícil contrarrestar ese mensaje de "nosotros bajamos los impuestos mientras el Gobierno central los sube"

Los que los ciudadanos han podido comprobar estos años es la necesidad de contar con unos servicios públicos que estén a la altura del Estado del Bienestar que quieren. Y eso supone invertir en Educación y en Sanidad. Aquellos que tienen como única política económica la reducción de impuestos lo que quieren, antes o después, es recortar los servicios públicos.

Una de las asignaturas pendientes es la de la reforma de la financiación territorial que perjudica a comunidades como Castilla la Mancha o Castilla y León, al priorizar el criterio de la población y no el coste de la prestación de los servicios. ¿Cuándo se va a cambiar esto?

El Ministerio de Hacienda ya ha propuesto un modelo de población ajustada que pueda servir como base para esa reforma de la financiación autonómica y las comunidades tienen hasta finales de febrero para enviar sus comentarios. Todas las comunidades autónomas tienen la sensación de estar infrafinanciadas. Por eso tenemos que garantizar que llegamos a un equilibrio que implique a todas ellas. Veremos cómo va evolucionando el diálogo, pero el Gobierno tiene una enorme sensibilidad con el reto que supone para determinadas comunidades autónomas, como pueden ser las dos Castillas, la despoblación y el envejecimiento.

La UE ha aprobado ventajas fiscales contra la despoblación en Cuenca, Teruel y Soria, ¿por qué no se han puesto en marcha? Se pidió por parte de las autonomías afectadas que se extendiera su radio de acción, pero tampoco se ha aprobado. Por lo que respecta al marco fiscal, estamos esperando al informe de los expertos para ver cuáles son las decisiones más adecuadas. Pero en paralelo no hemos parado de actuar con el objetivo de fijar población y crear oportunidades económicas en esas tres provincias. En los Presupuestos de este año hemos incluido una disposición adicional que va a permitir desarrollar el aprovechamiento de las ayudas para zonas muy poco pobladas. Junto a ello impulsamos inversiones estratégicas como el centro de procesamiento de datos de la Seguridad Social en Soria, la apuesta por el CIUDEN en León o la reactivación de las oportunidades económicas de las cuencas mineras con el Fondo de Transición Justa.

En la lucha contra la despoblación resulta vital también la transformación digital.

Hemos lanzado un programa de conectividad digital, el programa Único que va a permitirnos, ya solo con la convocatoria que hemos resuelto en 2021, llegar con la banda ancha a 1066 municipios de Castilla y León. Buena parte del territorio de las dos castillas no dispone aún de acceso a la banda ancha. España es el país que tiene más banda ancha, a años luz del resto de Europa, también en el ámbito rural. Pero no podemos ser complacientes y por eso hemos lanzado ese plan, que en 2021 ha supuesto una inversión de 250 millones, con el objetivo de llegar al 100% de la población en 2025. También hemos hecho una transferencia importante de recursos a las comunidades autónomas para actuaciones más concretas como el despliegue del 5G en polígonos industriales.

La digitalización también genera exclusión. Hemos visto estos días lo que supone esa exclusión con el testimonio de un octogenario que clamaba "no soy idiota, soy mayor" ¿Qué compromisos arrancó a la banca en la reunión que mantuvo para abordar este problema?

El año pasado ya instamos al sector a actuar contra la exclusión financiera y acordaron un protocolo muy centrado en la España rural, con soluciones innovadoras, como convenios con Correos, autobuses que van por los pueblos... Lo que hemos visto ahora es que no son suficientes, sobre todo para los más vulnerables y de forma particular para los mayores. He urgido al sector financiero a tomar medidas adicionales. No es solo un tema de capacitación digital, sino de seguir proporcionando una atención personalizada a aquellas personas que no pueden adaptarse a las nuevas tecnologías. Y de mostrar el cariño, el respeto y el apoyo que tenemos que dar a nuestros mayores.

¿Por qué hace falta que un tema se haga viral para comenzar a tomar medidas? Este es un problema que los mayores llevan años señalando.

Eso sería injusto pensarlo porque las entidades financieras han demostrado una buena disposición. Están siendo sensibles y son conscientes de que tienen que actuar, pero hay que tener en cuenta que han sido situaciones que se han visto agravadas a causa de la pandemia.

Por no abandonar el terreno de la banca, ¿Cómo están las negociaciones para que las entidades bancarias salgan del accionariado de la Sareb? Qué piden a cambio, a la vista de las pérdidas económicas que les ha acarreado?

Es urgente que adaptemos el marco normativo a la realidad económica y que la gobernanza de Sareb se adecue a la realidad de su integración dentro del perímetro público tras una decisión de Eurostat dentro de la técnica estadística. De momento es en lo que estamos.

¿Cómo va a dar salida a esos activos?

Sareb es una herencia de la anterior crisis financiera, fruto de las decisiones que el Partido Popular tomó para dar respuesta a esa crisis. Es una entidad que se orientó a la liquidación de los activos que provenían, especialmente de los balances de las antiguas cajas de ahorros. Desde hace tres años y medio hemos impulsado acuerdos y convenios con autonomías y ayuntamientos para tratar de dar el uso más eficiente a esos activos desde el punto de vista de la inclusión y seguiremos en esa línea. Eso nos ha permitido aumentar viviendas el parque público y tratar así de garantizar que los activos inmobiliarios se utilizan de la manera más justa