El férreo control de las armas y el minucioso examen para la concesión de licencias de tenencia y uso contribuyen a que cada vez sean menos los hombres con antecedentes policiales o penales por violencia de género que acuden a las oficinas de la Intervención y Control de Armas y Explosivos de la Comandancia de Ciudad Real con la pretensión de conseguir un permiso o para renovar el que tienen. Aun así, el número sigue siendo alto. Según los datos facilitados a La Tribuna, el 45% de las licencias de armas revocadas, un centenar, obedece a casos de violencia de género y un 40% de todas las depositadas a disposición judicial por igual causa.
Hace unos años el porcentaje de armas retiradas por delitos de violencia de género «era mayor». Muchos autores de hechos de esta naturaleza tenían licencia de armas, pero de un tiempo a esta parte el porcentaje es menor, indican el brigada Hernán y el cabo primero Francisco Martínez, de la Intervención de Armas y Control de Explosivos de la Comandancia de Ciudad Real. «Hay un mayor control y la coordinación, por fin, de las administraciones ha propiciado el acceso a la base de datos de Siraj (Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia) y en el momento en el que un ciudadano acude a solicitar una licencia de armas o a renovarla podemos comprobar si figura en el registro y evitar que un posible maltratador tenga ese permiso de arma», explica Martínez.
Esta base de datos es un sistema de información único, de carácter restringido, no público, que permite la conexión entre los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros órganos administrativos con competencia en la materia. Todo ello ha contribuido a un notable descenso en la intervención de armas y en la revocación de permisos, un tercio menos. «Se adoptan las medidas desde el principio, se ponen en marcha los protocolos del Ministerio del Interior, se intervienen las armas y se revocan las licencias de forma inmediata», recalcan los responsable de la Intervención de Armas y Control de Explosivos de la Comandancia, quienes añaden que ya «son pocos» los que se atreven a ir a esta oficina para pedir una licencia o renovarla teniendo antecedentes por violencia de género porque «saben que no se les va a conceder». Les consta que hay una base de datos en la que figuran y también el control y perseverancia de la Guardia Civil para erradicar esta violencia sobre la mujer.
Los agentes de la Intervención de Armas tienen la última palabra, son los que conceden o revocan el permiso de armas al recaer sobre la Guardia Civil el control de escopetas, rifles, pistolas, revólveres, carabinas ... La provincia de Ciudad Real, que está entre las cuatro de España con más ‘gatillos’ por habitante, cuenta con ocho intervenciones de armas: Ciudad Real, Manzanares, Alcázar, Tomelloso, Villanueva de los Infantes, Valdepeñas, Puertollano y Almadén.
La legislación española es estricta y tener una arma de curso legal en casa no fácil. Hay que pasar varios exámenes (teórico y práctico) tras acreditar que no se tienen antecedentes y aportar un certificado médico-psicotécnico.
Con antecedentes, no. El resto de las armas depositadas a disposición judicial, un 60%, son por delitos de lesiones, robos, amenazas y por ser ilegales, no estar registradas. En 2017, cuando se registró el pico más alto de delitos, hubo 132 denegaciones de licencias de armas y 85 revocaciones de todo tipo, no sólo por violencia de género. Luego fue descendiendo y este año 49 denegaciones y en 2019 se denegaron 92 y 56 revocadas. Este año hay 49 denegaciones y 40 revocaciones. La tendencia sigue a la baja por el control y seguimiento. Ha habido tiempos en los que la gente solicitaba la licencia por aquello de ver qué pasaba, pero cuando se les ha denegado una y otra vez, ya desisten. «Saben que en el momento en que se compruebe que tienen antecedentes se les va a denegar», sobre todo en casos de violencia de género y otros delitos de sangre.