Creen probado que prevaricaron en las obras del coso

Pilar Muñoz
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Las acusaciones populares van a presentar por escrito las modificaciones y conclusiones en el caso de la plaza de toros de Puertollano, cuyo juicio se reanudara el jueves 10 de octubre. Los cargos de tráfico de influencia se caen

Los abogados que ejercen la acusación popular en el caso de la plaza de toros de Puertollano creen que en las tres sesiones del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Ciudad Real (24, 25 y 26 de este mes) ha quedado acreditado que hubo prevaricación, esto es, que se dictó una resolución arbitraria, que se nombró directamente a la empresa y a los técnicos encargados de hacer la obra. También, estiman acreditado el delito de falsedad documental, pero entienden que no hay prueba suficiente para mantener el  delito de tráfico de influencias y, por ello, se cae de la causa.
Por estos hechos, que se remontan a 2007, se han sentado en el banquillo de los acusados el exalcalde de Puertollano Joaquín Hermoso Murillo y los entonces secretario y aparejador municipales, Juan Luis Vázquez Calvo y Eugenio Ángel Manso, respectivamente.
La fiscal pide de forma provisional 10 años de inhabilitación para cada uno de los procesados por un presunto delito de  prevaricación administrativa. Las acusaciones populares piden penas de cárcel.
Hasta el próximo 10 de octubre  no se sabrá cuál es la petición definitiva de las partes, ya que el proceso sufrió ayer otro aplazamiento (el primero el pasado febrero por las cuestiones previas) al dilatarse  las pruebas testifical y documental.
Los letrados (acusaciones y defensas) van a presentar hoy por escrito las modificaciones y conclusiones definitivas, que elevarán el  10 de octubre en la vista que tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Ciudad Real.
 Se ha aplazado porque los abogados van a modificar las conclusiones, que son muy extensas, van a matizar algún punto y a suprimir otros para adecuarse al resultado de la prueba. De momento, se cae la acusación de tráfico de influencias (se pedía un año de cárcel), delito que imputaban las acusaciones populares, porque no se ha podido encontrar prueba suficiente. Respecto al hecho delictivo de prevaricación administrativa y falsedad documental, «la prueba es contundente» y entienden que han quedado acreditados.
La apariencia. Joaquín Hermoso Murillo (alcalde de Puertollano entre 2003 y 2013) negó los cargos  y aludió al factor tiempo al ser preguntado sobre por qué se fraccionaron los expedientes de la obra para el coso polivalente.  Se le acusa por fraccionar en 69 expedientes la segunda fase de los trabajos en connivencia presuntamente con el aparejador municipal Eugenio Ángel Manso y el entonces secretario municipal, Juan Luis Vázquez Calvo, que certificaron con un informe técnico y otro jurídico la división en diferentes expedientes menores la obra para adjudicarla a una empresa sin tener que pasar por  un concurso público ni publicidad.
Según sostienen los letrados Francisco Pablo García-Miguillán y Gregorio Rodríguez, que ejercen la acusación popular en representación del PP y de IU, cuando apareció la sombra de sospecha quisieron darle apariencia de que se habían hecho las cosas conforme a las normas. A este respecto, los letrados recuerdan que todo empezó cuando la Sindicatura de Cuentas detectó en 2013 irregularidades en la funcionarización del personal y en las obras del coso polivalente .
A resulta de ello, la Fiscalía Provincial de Ciudad Real pidió los expedientes y después del análisis y de las diligencias preprocesales, formuló denuncia. En el transcurso de la instrucción el juez pidió el original y, según las acusaciones populares, si se compara el expediente enviado al juzgado con el remitido por el Ayuntamiento a Fiscalía resulta que en el original no aparece la firma del arquitecto  Francisco García Simal y en el remitido a la Fiscalía sí.
Precisamente García Simal subió ayer al estrado de los acusados  y dijo que no reconocía su firma en la oferta para el proyecto de obra presentado por el aparejador encausado.
García Simal declaró que los documentos no se corresponden con el membrete suyo ni la tipografía, ni con la firma. En su declaración, llegó a asegurar que le pidieron firmar ofertas falsas para el proyecto del coso polivalente de Puertollano, negándose a ello.
«El fin era juntar tres ofertas que era lo que se necesitaban para poder dar una apariencia de que se había seguido el procedimiento negociado, sin publicidad», remarcaron los letrados.
Según su tesis, el bloque de documentos presentados antes de mayo de 2007 y el posterior son idénticos, «son fotocopias unas de otras». Además, «en la de Navarro Piquer no hay firmar manuscrita ni digital». De ahí que mantengan  la acusación de falsedad en documento público.
 En los procedimientos sobre hechos delictivos de prevaricación y falsedad pesan más las pruebas documentales, que las testificales, remarcaron convencidos de que se hizo para darle la obra a una persona, empresa determinada.
De su lado, los abogados del exalcalde de Puertollano, exsecretario municipal y el entonces arquitecto técnico mantienen  que son inocentes, que no hay pruebas.


 

La segunda fase se hizo conforme a la legalidad
En la sesión del juicio celebrado ayer en la Audiencia de Ciudad Real subieron al estrado el entonces concejal de Obras, Luis Francisco Pizarro; el exconcejal Rafael Agustín Sánchez; Julio Villuendas, socio de la empresa Navarro Piquer, que fue la adjudicataria de las obras de cimentación; el arquitecto Francisco Javier García Simal y Ángel Morales, adjunto al jefe de Servicio de Urbanismo. Éste último manifestó desconocer las circunstancias en las que se formalizaron los expedientes administrativos. Julio Villuendas tampoco pudo aportar hechos a la causa habida cuenta de que no participó ni intervino en el proceso del contrato. Rafael Sánchez, que tras ser concejal de Juventud pasó a encargarse de la Concejalía de Urbanismo en 2008, aseguró que la segunda fase de las obras se hicieron conforme a las normas de contratación y adjudicación, incluido el cerramiento de la plaza llevado a cabo en una tercera fase. Y Luis Pizarro, concejal de Hacienda cuando se iniciaron las obras (2007), dijo que los informes tenían el visto bueno de los técnicos, y afirmó que estaba convencido de que se hico conforme a la ley.
 


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