Guadalmez, una pequeña localidad de la comarca de Alcudia de apenas 700 habitantes, vive desde finales de 2019 un conflicto político y vecinal en relación al aprovechamiento por parte de un colectivo de unos terrenos que forman parte de los bienes comunales del municipio. Una agria polémica que ha desembocado en un cruce de acusaciones y la aprobación en Pleno, por parte del equipo de Gobierno de Ciudadanos, de un expediente de desahucio de la parcela que está pendiente de ejecución. La alcaldesa de Guadalmez, Gloria Chamorro, en declaraciones La Tribuna, sostiene que en la adjudicación de estos terrenos al colectivo Neoraíces, justo antes de las elecciones municipales de 2015, se produjo un «trato de favor» por parte del PSOE. Explica, en este sentido, que uno de sus miembros es hermano de la exalcaldesa socialista Ana Isabel Muñoz, hoy en la oposición. «Varios vecinos se quejaron y pidieron explicaciones y ante la falta de documentos en el Ayuntamiento sobre esta operación, solicitamos un informe jurídico a la Unidad de apoyo técnico a ayuntamientos de la Diputación», añade. En su exposición de hechos, la alcaldesa explica que el Ayuntamiento de Guadalmez, en el año 2011, gobernado entonces por la también socialista María Elena Sierra, asignó de forma directa, «sin sorteo entre los vecinos», una hectárea de bienes comunales a la Asociación Río Pequeño, un grupo de jóvenes desempleados que disolvieron el colectivo según fueron encontrando empleo. Surge en ese momento Neoraíces, que «aprovecha la hectárea adjudicada a Río Pequeño y media hectárea más que le adjudica directamente el Consistorio», prosigue. En 2016, según Chamorro, Neoraíces ocupaba ya 1,58 hectáreas de los bienes comunales (parcela 2 del polígono 66), «obteniendo beneficios de la venta de los productos de la agricultura ecológica sin pagar ningún precio a cambio por el aprovechamiento de estos terrenos y sirviéndose además para las tomas de agua y luz de las instalaciones del Ayuntamiento, corriendo por cuenta de éste todos los gastos». En este contexto, los técnicos de la Diputación de Ciudad Real estiman que se trata de «una ocupación de bienes en precario, al permitirse un aprovechamiento de bienes comunales adjudicados directamente, prescindiendo de la adjudicación por suertes». El informe jurídico emitido, al que ha tenido acceso este diario, contempla que el Ayuntamiento de Guadalmez «puede acordar y disponer el desahucio administrativo de los ocupantes de la finca comunal, decidir sobre la no indemnización  e incluir esta parcela en el sorteo para su adjudicación por suertes entre todos los vecinos, como es costumbre y se realiza cada año». Con el informe jurídico de la Diputación en la mano, el Ayuntamiento, el 28 de noviembre, envió a Neoraíces una carta redactada por el abogado municipal para solicitar que abandonaran la parcela de forma voluntaria para no tener que aprobar en Pleno el expediente de desahucio. «No firmaron el recibí e iniciaron un campaña de ataques en redes sociales», asegura la alcaldesa para añadir que finalmente el desalojo tuvo que ser aprobado en sesión plenaria y está pendiente de las alegaciones registradas por los afectados en el Ayuntamiento. En ellas, Neoraíces explica que entregaron un proyecto de educación ambiental que «demuestra la labor realizada hasta el momento y las futuras actuaciones que se derivarán del colectivo», con el fin de llegar a un acuerdo para continuar con la cesión de los terrenos a cambio de una cantidad económica pactada con el equipo de Gobierno. También alega que en esa finca comunal «ya se habían añadido otros usos y costumbres, aunque no fuese por escrito», tales como talleres de empleo financiados por el Plan de Integración Social (PRIS). El colectivo reconoce que el acuerdo con las dos anteriores corporaciones, con alcaldesas socialistas, fue «verbal», pero que Neoraíces «cumplía con su parte del acuerdo «colaborando a través de labores de voluntariado en lo necesario para las mejoras de instalaciones y del municipio a cambio de la utilización de las tierras y la disposición limitada de los recursos de agua y luz. Por último, hace hincapié en que las cantidades económicas de las aportaciones conscientes y voluntarias a cambio de los productos sobrantes de los principales objetivos del colectivo «siembre han ido destinadas a las mejoras de las parcelas, a la construcción del domo geodésico y a la realización de actividades culturales y turísticas. La alcaldesa explica que el Ayuntamiento tiene ahora que analizar las alegaciones y emitir una respuesta sobre las mismas, que se dará a conocer en el Pleno previsto para finales del próximo mes de marzo.