Con la chapucera adjudicación del aeropuerto de Ciudad Real en 2016 por parte del Juzgado de lo Mercantil a su actual propietario, Rafael Gómez Arribas (CRIA), solo se cerraba en falso un expediente judicial por parte del magistrado Ordóñez que, con el tiempo, será la puntilla definitiva del aeropuerto en detrimento de la provincia y de la ciudad. Y, todo ello, en connivencia con las administraciones, en unos casos por acción, y, en otros por omisión.
El aeropuerto de Ciudad Real y el entramando de sociedades que se utilizaron para la compra deben actualmente al Ministerio de Hacienda más de 60 millones de euros que, sumado a las deudas con proveedores privados, ya supera lo que pagó su actual propietario al juzgado, y, todo ello, es fruto del concurso de acreedores y su formato de adjudicación. Estamos asistiendo al mayor cambalache administrativo y judicial de la historia de los concursos de acreedores para terminar de nuevo, una vez finalizada la pandemia y la ley lo permita, en un nuevo concurso de acreedores.
Sin entrar en detalles, a vuela pluma, recuerden cómo se obtiene el dinero para comprar la infraestructura: un dinero público que tuvo que pagar el Gobierno balear y que fue otorgado por sentencia judicial del TSJB a unas sociedades del empresario Rafael Gómez Arribas que, ya era deudor de Hacienda a través de varias sociedades, y que se utilizó para comprar el aeropuerto de Ciudad Real por intermediación del juez Ordoñez, sin esperar al pago de impuestos, con muchas prisas para demostrar la solvencia del adjudicatario elegido por medio de un procedimiento negociado, y mal gestionado por los administradores concursales, a un ofertante sin solvencia, ni profesional, ni económica, que procedía de operaciones fallidas en Andalucía y muchos otros puntos, con un plan de negocio dudoso, y  una sociedad con un capital social de 3.000 euros. 
Hoy, cinco años después, se debe más dinero al erario público y a proveedores del aeropuerto de lo que costó y se pagó al juzgado. Es decir, el entramado societario de Rafael Gómez Arribas debe más de 60 millones de euros al fisco, incluida la sociedad que gestiona el aeropuerto, CRIA; con 20 millones de euros que todo a apunta a que es por falta de pago de los impuestos que correspondían a los beneficiarios de la indemnización del TSJ. Y 7 millones que deben también a Hacienda, las antiguas sociedades propiedad de la Cámara y Diputación de Ciudad Real, por unos movimientos accionariales anulados después, por el propio concurso de acreedores, suman la cantidad de 67 millones. Para que lo entiendan en castellano, el auto del Juzgado que vendió el aeropuerto en 55 millones de euros, desoyendo las opiniones profesionales, ha generado un agujero en la administración pública y determinados proveedores privados por el mismo importe de lo que cobró.
En esta provincia, además de haber hecho el ridículo internacional, con la adjudicación a un empresario chino por 10.000 euros, hemos asistido al mayor esperpento de concurso judicial de acreedores de la historia de España. Nuestras instituciones, que deberían de haber sido guardianes de la inversión realizada en la construcción de la infraestructura con parte del dinero de los castellanos-manchegos, han hecho oídos sordos y han mirado para otro lado cuando se les indicaba la falta de solvencia del adjudicatario y su falta de viabilidad. 
En el año 2010 se derrumba un castillo de naipes construido desde una sociedad pública mixta entre la Cámara de Comercio y Diputación. Cuando se declaró el concurso de acreedores se abrió la esperanza de que la ley concursal pudiese reflotar la empresa, pero, al contrario de lo esperado, se abrió una nueva etapa aún peor, y, donde solo cinco años después el aeropuerto vuelve a estar inmerso en deudas y cierres del espacio aéreo por falta de solvencia económica.  No se puede seguir callando tanta desidia vestida de prudencia. Por salud democrática hay que airear todas las alfombras, sean de quien sean.