El previsible cierre de las investigaciones de la Fiscalía al Rey Juan Carlos I marcará el inicio de este año en los tribunales, con la mirada puesta en la revisión del Tribunal Supremo a los indultos del procés, el recurso a la ley del aborto en el Constitucional y la respuesta de la Audiencia Nacional al fin de las pesquisas del caso Kitchen.

Este mes pisa fuerte en el terreno judicial si se cumplen los pronósticos que apuntan al archivo de las diligencias contra el Rey emérito, toda vez que Suiza ya cerró su investigación y que la Fiscalía del Supremo ha recibido la documentación pendiente del país helvético que restaba para dar el cerrojazo.

El Ministerio Público, que prorrogó en diciembre las tres diligencias abiertas contra Don Juan Carlos, está analizando toda esa información, si bien fuentes fiscales consultadas consideran que dicha documentación difícilmente afectará a la decisión tomada, que no es otra que el archivo.

En el que va camino de ser el tercer año de una pandemia que no da tregua, los diferentes Tribunales Superiores de Justicia tendrán que seguir revisando las restricciones que vayan implementando los respectivos gobiernos autonómicos, sin descartar que algunas de ellas lleguen a manos del Supremo, que sentará criterio.

Aparte de eso, en la agenda del alto tribunal figuran los recursos a los indultos a los nueve políticos independentistas catalanes condenados por sedición, un asunto que no espera resolver antes de primavera, como tampoco hará con el indulto parcial a Juana Rivas, que fue recurrido por su exmarido.

Sin olvidar la sentencia de los ERE de Andalucía, que impuso pena de cárcel al expresidente José Antonio Griñán y de inhabilitación a su antecesor, Manuel Chaves, y cuyos recursos llevan casi dos años en la mesa del tribunal, que se preparará también para revisar el caso del pago en B de la reforma de la sede del PP.

Todo ello pendientes en Europa, donde se despejarán las incógnitas del futuro judicial del expresidente catalán Carles Puigdemont, con dos procedimientos abiertos en Bélgica e Italia, que a su vez aguardan las decisiones del Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal General de la UE sobre su inmunidad.

El puzle de Villarejo

La Audiencia Nacional, por su parte, seguirá intentando encajar las piezas del puzzle del excomisario José Manuel Villarejo, donde figuran como imputados, entre otros, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, o el expresidente de BBVA Francisco González.

Precisamente enero traerá la primera declaración del excomisario en el juicio por tres presuntos encargos de espionaje, una cita que coincidirá con la recta final de otro juicio: el de la extensión de la red Gürtel a Boadilla del Monte (Madrid).

Con la incógnita de si habrá o no sentencia sobre Villarejo este 2022, lo que sí se sabrá es si se reabre la investigación sobre otra de esas piezas, la operación Kitchen, un presunto espionaje urdido en 2013 desde el Ministerio del Interior para hacerse con documentos comprometedores para el PP en poder de su extesorero Luis Bárcenas.

El juez cerró la instrucción y sacó a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en contra del criterio de la Fiscalía, que, como hicieron por unas razones u otras acusaciones y defensas, recurrió. Por el momento, la tramitación de esos recursos está sufriendo un retraso de meses al detectarse un «problema técnico» en una aplicación informática que el juez ya ha pedido solventar.

También habrá novedades en otros casos que afectan al PP. Por un lado, una vez reciba la documentación pendiente, el juez debe decidir qué ocurre con la causa sobre las donaciones de empresarios a la presunta contabilidad opaca del partido reflejada en los papeles de Bárcenas, y por otro, se conocerá cuál es el futuro judicial de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, imputada en el caso Púnica sobre la supuesta financiación irregular del PP de Madrid.

Y mientras se acumulan juicios pendientes de fecha -el caso Pujol, ramas del caso Lezo o Púnica-, la Audiencia seguirá luchando contra la falta de espacio, un asunto que ha provocado la suspensión de algunos juicios y que ya ha trasladado al Ministerio de Justicia, a quien ha pedido una sala de vistas para celebrar macrocausas.

Este año supone también el arranque de la nueva etapa del Tribunal Constitucional tras su renovación, que estará marcada por una agenda social con asuntos como el aborto, la eutanasia, la infancia y la Ley Celaá. De todos ellos, sobresale el del aborto, al que el nuevo presidente, Pedro González-Trevijano, quiere dar salida antes de que previsiblemente concluya su mandato en junio. Además, la acción del Gobierno de Pedro Sánchez será escrutada en asuntos como la convalidación del decreto de fondos europeos, el real decreto ley de protección de los consumidores vulnerables, que, en opinión del PP, legaliza la okupación de viviendas, y la reforma del Poder Judicial en funciones desde 2018.