Las administraciones locales volvieron a sostener la inversión pública el pasado año en la provincia de Ciudad Real con licitaciones por valor de casi 39 millones de euros frente a los 7,5 que sumaron las administraciones central y regional, atenazadas por la inestabilidad política que paralizó el uso de recursos para desarrollar nuevos proyectos y que de hecho, mantiene aún vigente los presupuestos del Estado elaborados por el equipo de Montoro en 2018 y que van camino de convertirse en los más longevos de España.

Dentro del papel de las administraciones locales, el presidente de la patronal de la construcción en la provincia, Manuel Carmona destaca el papel de una de ella, la Diputación Provincial, «institución que apuesta por la inversión pública y que ha sido, por ejemplo y durante los años de la crisis, la única que ha seguido manteniendo la obra pública en nuestra provincia».

Y ello a pesar la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, la bautizada también como ley Montoro, que ponía límites a la inversión del superávit, o el reto de la gestión electrónica de proyecto tras la Ley de Contratación del Sector Público de 2017.

En la otra ‘pata’ de esta crucial rama de la economía provincial, que la obra pública también redunde en empresas del mismo territorio, aunque contradice la Ley de Contratos del Sector Público, que no puede favorecer a unas empresas o a otras en función de su ubicación, tal y como explica Carmona, que sin embargo sí constata que en líneas generales, cuanto más cercanos son los promotores de las obras, más próximas son también las empresas que las realizan: «Las obras de las administraciones locales, en una gran mayoría, suelen ser adjudicadas a empresas de la provincia, por su competitividad a la hora de presentar las ofertas económicas y técnicas».

Otro factor que señala a los ayuntamientos para situarse como el motor inversor fue la cercanía con las elecciones municipales, que alimenta el espíritu inversor de los consistorios con cifras, eso sí, todavía muy lejanas al periodo previo a la crisis económica, pero lo suficientemente importantes para mostrar un cambio de tendencia. Así, 2018, año preelectoral, alcanzó la cifra más alta desde 2010 con 45,2 millones de euros, una dinámica que se extendió a los primeros meses de 2019 hasta la cita electoral del 26 de mayo.

Teniendo en cuenta este factor electoral, los años anteriores a la cita con las urnas constatan un aumento del gasto de las administraciones locales en edificaciones y obra pública, tal y como reflejan los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan).

Para el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Construcción de Ciudad Real, esta situación «ha ocurrido siempre y seguirá ocurriendo, teniendo en cuenta que son las administraciones más próximas al ciudadano y que necesitan una visualización de las mejoras llevadas a cabo en los municipios que el ciudadano perciba y recuerde a la hora de votar».

incertidumbre política. Capítulo aparte es la situación vivida en las inversiones de Estado y Junta. La patronal de las constructoras ofrece el balance de licitaciones con descensos de las dos Administraciones. Para Carmona, se debe «a la situación de interinidad y falta de Gobierno central que se produjo en 2019, que hizo desaparecer la inversión pública proveniente del Estado o aquella que cofinanciaba con las comunidades autónomas».

La mayor licitación de obra pública por parte del Gobierno de España se produjo en 2002, con 296,7 millones de euros. La tendencia bajista comenzaba en 2011, con episodios de importantes bajadas y tímidas recuperaciones que sin embargo desembocaron en 2019 en licitaciones por valor de 3,8 millones de euros.

Un movimiento similar presenta la financiación de obras públicas por parte de la Junta de Comunidades, que tuvo su momento esplendor en 2010, con 212,5 millones de euros para bajar drásticamente en el siguiente año. Para Carmona, además de la parálisis del Gobierno central en el pasado año, también incidieron en la Junta «las políticas de control y reducción de déficit que tienen impuestas» y que «a diferencia de los ayuntamientos no están licitando hasta el último momento que la ley les permite antes de unas elecciones, sino que son inversiones más programadas durante toda la legislatura por su importancia económica». De hecho, para los próximos años, el Gobierno de Emiliano García-Page tiene anunciadas inversiones de más de 30 millones de euros hasta el horizonte 2025 solo en el plan de modernización que se pretende llevar a cabo en la capital.

infraestructuras. La estadística de la Seopan permiten distinguir el tipo de construcción: edificación u obra civil. Esta última representa la mayor parte de las licitaciones, generalmente dirigidas a la infraestructura viaria.

Sobre este punto, el presidente de la APEC, con la intención de «aprovechar nuestra óptima situación en el centro de España para hacer de la provincia un nudo logístico», reclama la construcción de «la opción sur de la autovía A-43, el desdoblamiento y mejora de la opción norte por la Nacional 430, el intercambiador de Alcázar de San Juan o la conexión por autovía entre Ciudad Real y Toledo». Todo ello sin olvidar «los planes de mantenimiento de carreteras que deben ser constantes para garantizar la seguridad vial».