El Tribunal de Cuentas echa en falta que una localidad como Ciudad Real, con el volumen de población y recursos que atesora, no tenga en marcha un sistema de gestión ambiental que impregne todas sus políticas y que marque las directrices para la preservación de sus recursos naturales. Es quizá la conclusión más importante del informe elaborado por el órgano fiscalizador a partir de los datos recabados en las ciudades de más de 10.000 habitantes cuya región carece de órgano externo de control ambiental, como sucede en Castilla-La Mancha, que hizo público hace unos días y al que ha tenido acceso La Tribuna. El documento, de más de 300 páginas y en el que también se señala la carencia de algunas ordenanzas específicas para la regulación de aspectos nucleares para la gestión del medio ambiente, es «un buen resumen de los puntos débiles que ha habido hasta ahora y un buen punto de partida para la planificación ambiental que tenemos que hacer en esta legislatura», admite la concejala de Medio Ambiente, Mariana Boadella, que matiza, no obstante, algunas de las carencias recogidas en su texto por el órgano fiscalizador.

Ese análisis abarca el recorrido en materia medioambiental de los municipios de más de 10.000 habitantes durante el año 2017 y hasta el 31 de mayo de 2018, momento en el cual el Tribunal de Cuentas situó la punta del compás temporal para elaborar su informe. Lo principal es que, según señala el documento, es que Ciudad Real carece de un sistema de gestión ambiental, una herramienta que considera fundamental para definir la política ambiental en las administraciones locales. «Su implantación supone el reconocimiento oficial del compromiso del ayuntamiento respecto del medio ambiente y permite que la organización controle todas sus actividades, servicios y productos que pueden causar algún impacto sobre el medio ambiente», pero para ello « debe estar capacitado para identificar los aspectos medioambientales de la actividad, de la entidad, identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables, fijar los objetivos y metas medioambientales, establecer programas para alcanzar dichos objetivos y metas, planificar el control y establecer una política ambiental adecuada para la entidad». Ciudad Real carece de ese sistema, una realidad que el Tribunal de Cuentas subraya porque, como remarca, se trata de una ciudad de más de 70.000 habitantes «que por su elevado tamaño dispone de un mayor volumen de recursos para la protección ambiental».

La implantación de ese sistema de gestión ambiental es, para Mariana Boadella, un objetivo prioritario en esta legislatura en materia de medio ambiente. «Hay que hacer una estrategia ambiental desde la Concejalía para que la Agenda 2030 o la adhesión a este tipo de convenios y acuerdos no se quede en una declaración de intenciones», aseguró la concejala de Medio Ambiente, que reconoció que para ello «hay que dotar la política ambiental de recursos humanos y económicos». Eso sí, esa segunda base con la que tapar una carencia manifiesta «no supone sólo destinar recursos económicos propios, sino ser capaces de captar recursos de otras administraciones, como la Diputación y la Junta, y sobre todo fondos europeos para proyectos en ciudades», una intención que pasa por «hacer hincapié en la innovación, que es la que abre la puerta a estos fondos».

La implantación de esa estrategia global es el objetivo a cuatro años, «y debe ser no sólo interna, sino también para la ciudadanía», apunta Boadella; por eso, otro de los pilares de esa estrategia, además de la innovación, será la participación ciudadana, «no sólo para implicarles en el cuidado del medio ambiente sino también para involucrarles en la toma de decisiones al respecto». La meta en cuatro años será «definir las líneas maestras y dotar de recursos, humanos y económicos, esa estrategia, paso a paso y con una dirección clara» en un proyecto que, aunque se plantee para cuatro años, «debe tener validez para diez o veinte». «Si no nos da tiempo es que no hemos hecho bien nuestro trabajo».

ordenanzas. El informe del Tribunal de Cuentas también echa en falta en el Ayuntamiento algunas ordenanzas específicas: una de administración electrónica, una de gestión de residuos de construcción y demolición, una de gestión de zonas verdes, otra para la protección de vías pecuarias y caminos y otra para la protección de la flora y la fauna; dentro de la estrategia global a implantar.

Boadella reconoce la ausencia de algunas de ellas, aunque puntualiza que la de gestión de residuos de construcción no existe de manera individual «pero sí tiene un apartado entero en la de limpieza», y que en la administración electrónica «se están dando pasos, aunque es cierto que nos queda mucho camino por recorrer; pero es una intención muy clara también en términos de eficiencia».