La Junta de Comunidades puso en mayo del año pasado fin a un vacío legal en el que se habían instalado los apartamentos y viviendas turísticas de Castilla-La Mancha tras la derogación de las normas que regulaban el uso de estos pisos mediante un Real Decreto en febrero de 2010. Lo hizo mediante un decreto regional en el que se exponían las características que estas viviendas debían tener y también obligaba a los propietarios a inscribir sus viviendas y apartamentos en el registro de empresas y establecimientos turísticos de Castilla-La Mancha, lo que implicaba, en la práctica, regularizar su situación. La Junta dio un plazo de un año desde mayo, cuando se publicó este decreto, para esta regularización y en estos meses ha trabajado para dar de alta algunas empresas y para requerir a los propietarios de aquellas viviendas que se anuncian en webs como Airbnb para que den de alta sus habitaciones y espacios como oferta turística de la región. De hecho, actualmente se ha pasado de 22 viviendas turísticas a 33, otras 12 se encuentran en trámite de estar dadas de alta en el registro regional y el Gobierno regional ha enviado requerimientos a 35 propietarios para que den de alta sus estancias. Además, otras 22 viviendas se encuentran en estudio para saber si realmente son de uso turístico o se utilizan de forma residencial, con alojamientos mensuales y esporádicos, por ejemplo, un mes en agosto, indicó el director provincial de la Consejería de Economía, Agustín Espinosa.
«El apartamento turístico o pisos turísticos estuvo regulado por las viviendas vacacionales, no es una figura nueva pero ha tomado otro cariz o forma de comercialización», apuntó Espinosa, con el recuerdo a ese modo de alquiler. Como muestra, expuso que se encuentran principalmente en Almagro y Ruidera y que hay alguno en Ciudad Real, Puertollano o Retuerta del Bullaque. En total, los actualmente registrados suman unas 150 plazas más de alojamiento turístico de la provincia.
Espinosa recordó que existe «un trabajo a realizar porque se está en plazo», ya que existe esa moratoria de un año en la que las viviendas deben darse de alta. «Lo que hacemos es localizar las viviendas e informarla de que se deben dar de alta», de ahí esos 35 requerimientos a inmuebles en los que se sabe que están funcionando «porque se ha ido a hacer una visita el inspector» o se ha visto con la web. A todos ellos se les ha enviado una carta. Espinosa apuntó que este registro es independiente de que los propietarios se den de alta en la Seguridad Social. «Lo que también implica este requerimiento es que sabemos que existen y que están bajo la vigilancia de la parte inspectora», indicó, por lo que se les recuerda a los propietarios sus obligaciones ya que son inmuebles con «una comercialización muy habitual».
estudio. Por otra parte, respecto a los 22 pisos que se están analizando, Espinosa dijo que se trata de espacios en los que no se sabe con seguridad si su uso es vacacional o turístico. Por ejemplo, en Almadén se analizó un inmueble por su posible uso vacacional pero que se había reconvertido a residencial. Del mismo modo hay otros lugares en los que se busca localizar a los propietarios, se pregunta a los ayuntamientos y se está en una labor «mucho más inicial» por si «son susceptibles de ser registrados». «Algunos de ellos son alojamientos de carácter urbano, para una familia que va todo el mes» por el tipo de arrendamiento que se efectúa.
Espinosa señaló que existe una vigilancia activa y que se debe conocer que existe este decreto de los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico en Castilla-La Mancha y que en el momento que «se alquile dos veces en un año, dos jornadas», los propietarios tienen que regularizarse. Espinosa explicó que no supone grandes obras o cambios en la vivienda sino «exigir libros, que tengan que pagar IVA...». Además, se les incluirá en el catálogo de inmuebles como oferta a ofrecer a los que quieran visitar la provincia.
La situación que ocurre en la provincia de Ciudad Real, comentó Espinosa, es similar a la que existe en el resto de espacios de Castilla-La Mancha salvo en las ciudades de Toledo y Cuenca, «ciudades patrimonio» lo que implica que haya mayor número de viviendas turísticos en sus cascos históricos.