El Ayuntamiento de Ciudad Real no se está viendo afectado en su gestión de la tesorería municipal por el ‘bloqueo’ político que atraviesa el país, aún pendiente de un posible acuerdo entre el PSOE y Podemos para elección de un gobierno o, de lo contrario, la convocatoria de nuevas elecciones generales. En este escenario de incertidumbre en el que está sumido el Ejecutivo en funciones, hay ayuntamientos que han alzado la voz para asegurar que están perdiendo recaudación con la no aprobación y publicación de la liquidación de su participación en los ingresos del Estado correspondientes al ejercicio 2017. Así lo ha indicado, por ejemplo, el Ayuntamiento de Cáceres, que achaca el retraso a la necesidad de una norma con rango de ley que no se ha podido sacar adelante por la interinidad del Gobierno de Pedro Sánchez.
Desde el Ayuntamiento de Ciudad Real, su concejal de Hacienda, Nicolás Clavero, informó que la liquidación de 2017 «está pendiente de comunicar» al Consistorio de la capital y que desconocen «si será positiva o negativa». Además, explicó que «también está pendiente la comunicación de la cantidad a recibir en 2020», en base a una comunicación que el Estado realiza cada año por estas fechas a los ayuntamientos para informarles del dinero que les será transferido del Fondo Complementario de Financiación y de la participación de los municipios en los tributos del Estado, principalmente en el IVA, en impuesto a las bebidas alcohólicas, en los hidrocarburos o en el tabaco.
De hecho, se trata de una importante cantidad que en ejercicios anteriores se ha cifrado cerca de los 17 millones de euros y que suponen una importante vía de financiación para las arcas municipales. Sin embargo, a pesar de esa ausencia de comunicación por parte del Estado, el Ayuntamiento de Ciudad Real no presenta problemas de liquidez.
«En cualquier caso, esta falta de comunicación no está creando ninguna dificultad a este ayuntamiento», subrayó el responsables de las cuentas municipales en relación a esos ingresos.
Desde el Consistorio de la capital se viene defendiendo además la gestión económica que se viene haciendo desde la pasada legislatura, que se ha traducido, por ejemplo, en el cumplimiento del plazo de pago a los proveedores, en la reducción significativa de la deuda y en el superávit con el que ha cerrado las cuentas en los últimos ejercicios.
De hecho, la Concejalía de Hacienda cerró el presupuesto de 2018 con un superávit de 9,4 millones de euros, de los cuales 7,9 se pueden destinar a obras financieramente sostenibles, como es el caso de la adquisición de terrenos de La Atalaya que anunció la alcaldesa, Pilar Zamora, y que está pendiente de resolución judicial.