El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que el proyecto inicial de los planes hidrológicos que actualmente se están configurando, contempla "la continuidad del Plan Especial del Alto Guadiana", lo que supone "una perspectiva de futuro enorme", ha subrayado.
En este sentido, García-Page ha valorado "la gran batalla" que este ámbito libra desde hace meses y ha recalcado que, además del citado plan para el Guadiana, "se están planteando nuevas negociaciones para el resto de las cuencas hidrográficas, también en el Tajo", ha aseverado.
En cuanto a la vigencia "garantizada" del Plan Especial del Alto Guadiana, mientras no se alcance un buen estado en todas las masas de agua de dicha cuenca, el presidente regional ha destacado que beneficiará "a los agricultores que tienen que reconvertir" sus cultivos y contribuirá a la "sostenibilidad de un área medioambiental verdaderamente importante", además de facilitar la "subsistencia y el desarrollo de muchos municipios" que no pueden atraer empresas "por no tener agua", ha proseguido.
En este marco, el jefe del Ejecutivo autonómico ha reclamado una política hídrica justa y sostenible: "Queremos regar, sabemos regar con una tremenda eficiencia y tenemos que poder regar", ha rematado.
Respecto al regadío, García-Page ha recordado que en la actualidad hay proyectos por valor de 184 millones de euros que afectan a 200.000 hectáreas y que, en conjunto, benefician a 20.000 familias de agricultores.
Por ello, ha afirmado que "es el momento en el que más proyectos de regadío hay en toda la historia de la comunidad autónoma", al tiempo que ha agradecido al ministro Planas el anuncio de estos seis nuevos proyectos "que están en negociación con las comunidades de regantes" de la región.
Con motivo de la conmemoración del Día Mundial por la reducción de emisiones de CO2, García-Page ha señalado que Castilla-La Mancha fue, durante el año 2021, la región de toda España "que más ha incrementado la fabricación de energía limpia".
En concreto, la región instaló en 2021 el 35 por ciento de toda la potencia instalada en el territorio nacional, lo que ha permitido ahorrar 336.000 toneladas en emisiones de dióxido de carbono.