La guerra abierta entre el Gobierno y las autonomías continuó ayer. Y es que el Ministerio de Hacienda rechazó ayer devolver el impago de la liquidación del IVA de 2017 (que está cifrado en 2.500 millones de euros), algo que levantó a los Ejecutivos regionales, que exigieron que se les abone ese dinero.
Tras un controvertido Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en Madrid, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, trató de apaciguar los ánimos y, pese a su negativa a reembolsar el IVA de 2017, propuso a los consejeros reunidos una compensación a través de un Fondo de Liquidación Autonómico (FLA) extra al 0% de interés. Asimismo, se comprometió a no tener en cuenta el IVA impagado para el déficit regional de cada autonomía, de modo que si un territorio registra en 2019 un endeudamiento del 0,1% o inferior, se entenderá que ha cumplido con el objetivo marcado y no sufrirá el control del Ejecutivo central.
A pesar de las exigencias de las CCAA de recuperar la liquidación, Montero insistió en que ese dinero no se puede abonar.
Tal y como apuntó en el CPFF, la liquidación del IVA de 2017 es un problema generado por su antecesor en el cargo, el popular Cristóbal Montoro, que PP y Ciudadanos impidieron solucionar, al rechazar la propuesta del Gobierno socialista en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, y no ha provocado recortes del gasto de las comunidades autónomas, sino que han gastado ese dinero.
Por tanto, en lo que se ha traducido el efecto del IVA es en un mayor déficit público en 2019 y en un probable incremento del período medio de pago a proveedores.
Montero intentó relajar los ánimos con una compensación a través de la creación del FLA libre de intereses, pero las comunidades se mantuvieron firmes: no quieren más endeudamiento y no se descarta, incluso, llegar a los tribunales.
Independientemente del partido que las gobierne -hay, incluso, socialistas que han clamado contra la negativa de Hacienda de reembolsar el IVA-, todas mostraron su unánime rechazo a los planes de la ministra e insistieron en su reclamación.
Así, por ejemplo, la consejera de las Islas Baleares (PSOE), Rosario Sánchez Grau, dejó claro que no se puede pretender compensar a las autonomías permitiéndoles más déficit este año a cambio de no abonarles los 2.500 millones que en conjunto les adeuda Hacienda.
En términos parecidos se manifestaron los populares Javier Fernández-Lasquetty (Madrid) y Valeriano Martínez (Galicia). Este último recalcó que déficit e IVA son «conceptos distintos»; entre otras cosas, insistió en que permitir más déficit es permitir más deuda, cuando los fondos del IVA eran recaudación. «No hace falta saber mucho de economía. Se nos está dando deuda, pero los recursos en origen no eran deuda. Hay que devolver lo que era nuestro en origen, no es lo mismo», criticó.
Algunos representantes socialistas mostraron su disconformidad aunque, como en el caso de la asturiana Ana Cárcaba, confiaron en que la política solucione el debate.