Un juicio histórico

SPC
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Un juicio histórico

El Tribunal Supremo ya está preparado para el inicio del juicio del procés contra los líderes políticos catalanes del desafío separatista

En sus dos siglos de existencia, el Supremo ha celebrado vistas que, por la excepcionalidad de este tribunal, han dejado
huella en el país al sentar en el banquillo desde ministros del Gobierno a magistrados de la Audiencia Nacional. Pero
nada será comparable al proceso que arranca el próximo martes contra los líderes políticos del desafío secesionista.

PROCESADOS

Nueve exconsellers del Ejecutivo liderado por Carles Puigdemont (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jodi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs); una expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y dos líderes de movimientos sociales, Jordi Sánchez (ANC)  y Jordi Cuixart (Ómnium), se sentarán próximamente en el banquillo acusados buena parte de ellos de un delito de rebelión, lo que podría acarrear penas de cárcel superiores a los 15 años. Solo tres de ellos (Vila, Mundó y Borrás) se libran de este cargo y están encausados por malversación y desobediencia, lo que rebaja las peticiones de cárcel de la Fiscalía hasta los siete años. 
También tendrán que afrontar un juicio por desobediencia -están acusados   de permitir que el Parlament debatiera resoluciones a favor de un referéndum- los exmiembros de la Mesa de la Cámara Lluis Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet, además de la exportavoz de la CUP Mireia Boya, aunque en estos casos será el Tribunal Superior de Justicia quien se haga cargo de la causa. 
Asimismo, la Audiencia Nacional se encargará del juicio por rebelión en el que están procesadas las cúpulas de Interior de la Generalitat y de los Mossos.

TRIBUNAL

Seis hombres y una mujer serán los encargados de dirimir la responsabilidad penal de los líderes soberanistas, en un tribunal presidido por Manuel Marchena y que será el que definitivamente determine si hubo o no rebelión en el proceso independentista catalán.
El más veterano de los jueces de lo Penal del Supremo, un histórico fundador de una asociación judicial progresista o la primera mujer que llegó a la Sala de Lo Penal son algunos de los magistrados que integran un tribunal que tiene una medida de edad de 63 años. En sus trayectorias destacan procesos tan mediáticos como la inhabilitación de Baltasar Garzón, la Gürtel, los asesinatos de Rocío Wanninkhof y Mariluz Cortés o el fraude fiscal de Leo Messi.
Dos no son miembros de ninguna asociación, otros dos pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura (calificada de conservadora), dos más a la Jueces y Juezas para la Democracia (considerada progresista) y el restante a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
El tribunal estuvo a punto de ver modificada su relación de fuerzas tras el pacto frustrado entre PP y PSOE, que propusieron a Marchena, el presidente del nuevo Consejo General del Poder Judicial (aún sin renovar). Pero éste renunció a la oferta.

LAS ACUSACIONES

La Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox son las tres acusaciones que ejercen la acción penal y que siempre mostraron unidad en calificar los hechos como una rebelión hasta que la Abogacía se desmarcó en el último momento. Este cambio de criterio fue el que visibilizó aún más las sospechas de politización que han acompañado siempre a las tres acusaciones.
El Ministerio Público ha llevado el peso de la acusación desde el inicio, y ni siquiera los cambios en la Fiscalía General del Estado (ha habido tres nombramientos desde que arrancó el proceso) han variado su línea de actuación. Con trayectorias jurídicas tan reconocidas como dispares, cuatro fiscales han dirigido la causa sobre el terreno, ajenos a cualquier tipo de presiones.
El perfil bajo que ha mantenido la Abogacía desde su irrupción en el caso por considerarse el Estado como perjudicado por la malversación saltó por los aires cuando presentó su escrito de acusación sin una sola mención a la violencia, clave del proceso. Esta acción fue vista como un guiño de Pedro Sánchez a los independentistas para lograr su apoyo a los Presupuestos.
La acusación ejercida por Vox siempre ha sido la más dura con los procesados, y así sus peticiones de penas son el doble que las de la Fiscalía.