El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual impulsada por el Ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero y que plantea una reforma del Código Penal para eliminar la diferencia entre abuso y agresión sexual. La propuesta pone en el centro de los delitos sexuales el consentimiento expreso de la víctima para que no sea necesaria la existencia de violencia o intimidación para que sea considerado una agresión.

"Todos los días vemos cómo se niega la existencia misma de la violencia de género y se menosprecia colectivos que combaten esta lacra", ha señalado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras anunciar la aprobación del anteproyecto, en vísperas de la celebración del 8M, Día Internacional de la Mujer.

El anteproyecto asume el conocido 'solo sí es sí', una reivindicación que se evidenció tras la polémica primera sentencia del caso de La Manada, que condenó a los cinco acusados por un delito de abuso por una violación múltiple de una joven durante los Sanfermines de 2016 --si bien posteriormente el Tribunal Supremo elevó las penas al sentenciar que fue una violación--.

"Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto", se recoge en dicho texto, según han informado fuentes de Igualdad.

De acuerdo a la propuesta de Igualdad, se castigará con la pena de prisión de 1 a 4 años cualquier comportamiento sexual "que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento", e incluye como delito leve el denominado acoso callejero.  Las condenas por violaciones irán desde los 4 a los 10 años, aunque se podrán elevar a 12 si concurre una circunstancia agravante y a 15 si concurren dos o más.

Desde Igualdad apuntan que se añaden "mejoras" en otros delitos contemplados en el Convenio de Estambul, como es el caso del delito de acoso sexual, con penas de 3 a 7 meses o multa, de 6 a 12 meses, y máximo 24 en los casos más graves. También se incluye como delito leve el conocido como acoso callejero, con pena de localización permanente y trabajados comunitarios hasta un mes, o bien, multa.

La propuesta del Gobierno va a recibir este martes un primer refrendo, si bien su aprobación definitiva tardará previsiblemente "meses", según señalan fuentes de Igualdad. El anteproyecto ahora debe remitirse a los órganos consultivos para su evaluación y, posteriormente, la norma deberá volver a ser aprobada como proyecto de Ley en Consejo de Ministros y llegar al Congreso para su tramitación parlamentaria.