El Gobierno pedirá al Tribunal Constitucional la suspensión inmediata de las resoluciones que aprobó la semana pasada el Parlament de Catalunya con el voto de la mayoría independentista.

Fuentes del Ejecutivo han confirmado que la impugnación al Constitucional de estas resoluciones se hará a través de un incidente de ejecución de sentencia, lo que conlleva "automáticamente la suspensión" de las iniciativas recurridas.

Esta será la fórmula elegida por el Ejecutivo para recurrir las resoluciones del Parlament, que la semana pasada aprobó, entre otras iniciativas, una que reivindica la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional" para defender "derechos civiles, políticos y sociales".

En el Ejecutivo recuerdan que las resoluciones aprobadas por el Parlament se pueden recurrir mediante dos vías, la impugnación de disposiciones autonómicas y el incidente de ejecución de sentencia.

Aunque habitualmente se utiliza la primera vía, tras solicitar dictamen al Consejo de Estado, el Ejecutivo recuerda que cuando se considera que una Resolución del Parlament no solo es contraria a la Constitución sino que contradice un pronunciamiento previo del Tribunal Constitucional, se puede plantear un incidente de ejecución de sentencia.

Por ello, dado que el Constitucional se ha pronunciado en repetidas ocasiones de los textos aprobados por el Parlament que ha considerado contrarios a la Constitución, en este caso se acudirá a la vía de la ejecución de sentencia.

Esta modalidad de impugnación abre otra posibilidad, que es la petición al Tribunal de que, al admitir a trámite el incidente, "requiera personalmente al presidente del Parlament y a los miembros de la Mesa, notificándoles su deber de abstenerse de tramitar cualquier nueva iniciativa que ponga en cuestión la suspensión".

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha recordado esta mañana que el Gobierno va a impugnar las resoluciones del Parlament y ha avanzado que se enviaría también un requerimiento a la Mesa.

Sánchez también ha subrayado que el artículo 155 de la Constitución "se puede aplicar con un Gobierno en funciones sin problemas".