Aragón y CLM ponen en común servicios sociales

J.A.J
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La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, se reúne con su homóloga aragonesa, María Victoria Broto, en la sede de la Consejería en Toledo para hablar de la concertación de servicios sociales.

Aragón y CLM ponen en común servicios sociales

Los gobiernos autonómicos de Aragón y Castilla-La Mancha están poniendo en común sus experiencias en materia de gestión de servicios sociales. Este fue el motivo de una reunión en la que participaron la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez,  y su homóloga aragonesa, María Victoria Broto, en la sede de la Consejería en Toledo para hablar de la concertación de servicios sociales. Este encuentro fue continuación de otro similar que ambas efectuaron en Zaragoza.

La Junta se ha interesado por la trayectoria de la Comunidad de Aragón en materia de concertación de servicios con entidades para la atención de colectivos como menores y discapacitados. Mientras, a la Diputación General de Aragón le interesa conocer la experiencia castellano-manchega en la concertación de servicios de asistencia social entre Junta y ayuntamientos de la región.

La consejera de Bienestar Social estuvo acompañada en la reunión por la secretaria general de la Consejería de Bienestar Social, Natividad Zambudio; el director general de Acción Social y Cooperación, Ramón Lara; la directora general de Familias y Menores, María Ger; y la directora general de Atención a la Dependencia, Ana Saavedra. Por parte del Gobierno de Aragón, Broto, como consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, estuvo acompañada por el secretario general de su departamento, José Antonio Jiménez, y por el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Joaquín Santos.

La dependencia precisa más fondos del Estado.

Preguntadas las dos consejeras sobre el efecto que las próximas campañas electorales pueden tener en la politica social del futuro, ambas coincidieron en que una vez que pase este ciclo electoral el Estado debe aportar a las autonomías una mayor financiación para el sostenimiento del sistema público de atención a dependientes.