El administrador de la finca La Cruz, Luis Fernando Porras, ha reconocido que agredió en julio de 2018 a Antonio López, concejal y teniente alcalde de Villamayor de Calatrava, pero alega que recibió un empujón y fue objeto de amenazas para tratar de evitar el delito de atentado a la autoridad. La acusación considera que su testimonio ha variado respecto al presentado en sede judicial y pide penas de entre dos años y cuatro años y seis meses de prisión. 

Los hechos se remontan al 11 de julio de 2018 cuando el acusado, administrador de la Finca La Cruz, Luis Fernando Porras, agredió con dos puñetazos al concejal y teniente alcalde de Villamayor de Calatrava, Antonio López, en las inmediaciones de los juzgados de Ciudad Real tras coincidir en una audiencia de pruebas testificales y periciales dentro del procedimiento ordinario sobre el expediente de recuperación de oficio del camino público de la Virgen. 

El origen se encuentra en los procesos judiciales iniciados en 2012 por el Ayuntamiento de Villamayor de Calatrava para el reconocimiento de titularidad municipal de cinco caminos que pasan por la citada finca, lo que ha provocado una situación de denuncias cruzadas entre Luis Fernando Porras y el equipo de Gobierno, incluyendo el propio alcalde de la localidad, Juan Antonio Callejas, que finalmente no ha testificado en el juicio celebrado hoy en la sección primera de la Audiencia Provincial y que queda visto para sentencia.

El acusado relató durante el juicio que “desde 2012 he sufrido una persecución contra mi persona y mi empresa”, y señaló que cuando se disponía a salir del edificio de los Juzgados el concejal le señaló “espera pájaro”, a lo que hizo caso omiso. Posteriormente, ya en el exterior, “me empujó con sus dos brazos en el estómago”, pero el detonante de la agresión, que reconoció, aunque no recordaba si había propinado uno o dos puñetazos, fue cuando Antonio López le manifestó que “te voy a coger por ahí solo y te voy a quemar la finca por los cuatro costados”. Tanto la Fiscalía como la acusación popular incidieron en que Porras incurrió en contradicciones respecto a su declaración en sede policial “cambiando la versión durante toda la instrucción, ¿cuándo dice la verdad?”, formulaba el letrado Santiago Ballesteros.

Asimismo, la defensa particular de Antonio López, representada por el letrado Ángel María Rico, expuso las contradicciones en las que también incurrió el testigo, a la que calificó incluso de “patética”, y mantuvo que la versión de su cliente fue “monolítica” durante todo el proceso. Antonio López señalaba que "no le dije nada" al agresor,  además de que "no le presioné el abdomen, me pegó dos puñetazos y no respondí a la agresión". 

Por su parte, la defensa del acusado, sostuvo que el concejal del Ayuntamiento de Villamayor de Calatrava se “extralimitó”, por lo que pedía la absolución en el delito contra la autoridad pública, y añadió que “fue un hecho puntual que se fue de las manos, ninguno de los dos debía caer y cayeron”.

La acusación popular, a instancias del Ayuntamiento de Calatrava y representada por el letrado Santiago Ballesteros, reclamaba una pena de tres años y cuatro meses de prisión por los delitos de atentado a la autoridad, delito leve de lesiones y delito de amenazas leves, “sin concurrir circunstancias atenuantes”, además de un año y dos meses de prisión y una multa de seis meses a razón de 20 euros diarios por “delito de obstrucción a la justicia”. Por su parte, el Ministerio Fiscal, con la punición por separado de delito de atentado y de lesiones, que “es más beneficio para el reo”, pedía una pena de prisión de un año y tres meses, y de nueve meses, respectivamente. Ángel María Rico reclamaba más de tres años de prisión.