El Pazo de Meirás, la Casa Cornide y dos estatuas del Mestre Mateo actualmente en manos de la familia Franco son algunas de las propiedades gallegas que integran la herencia del dictador y que se encuentran inmersas ya, en su mayor parte, en una batalla judicial en la que distintas administraciones defienden su recuperación para el patrimonio público.

El periplo judicial de los Franco por su herencia, por lo que se ha calificado de "expolio" en el Parlamento gallego y otras instancias públicas, ha recibido esta semana el primer gran varapalo para los herederos después de que una jueza de La Coruña sentenciara que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado, por lo que deben devolverlo y sin recibir ninguna compensación.

Este viacrucis de los herederos se sucede a menos de un año después de la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, uno de los compromisos del Gobierno relativos a la memoria histórica.

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña, Marta Canales, concluye que el pazo, residencia de verano del dictador en Sada (La Coruña) y Bien de Interés Cultural (BIC), fue un regalo que se hizo en su momento al jefe del Estado y no a Francisco Franco a título personal.

El objetivo de este obsequio era, según los expertos que declararon en el juicio, que el general tuviera una residencia en Galicia para que al menos una vez al año se trasladase a La Coruña el aparato de un naciente Estado franquista, a modo de la corte de verano y de cercanía a los círculos de poder de la élite socioeconómica coruñesa.

El dictador inscribió a su nombre en 1941 la finca como compraventa en el Registro de la Propiedad, una operación que para la jueza no fue sino una simulación, una "ficción", "lo que determina la nulidad de la misma". Además, sostiene en la sentencia que los Franco no deben ser indemnizados por los gastos que aseguraron asumir para el mantenimiento de la propiedad, que llegaron a poner en venta por ocho millones de euros, porque esta se incorporó al patrimonio de la familia "de mala fe".

El fallo, que ha sido recibido como una «victoria democrática» por administraciones de distinto color político, no es firme y el abogado de la familia, Felipe Utrera Molina, ha confirmado que lo recurrirán.

Este mismo camino podría esperarle a la Casa Cornide en La Coruña, también en manos de la familia del dictador y en venta, y que en su día albergó la sede del Ayuntamiento herculino.

Un informe histórico encargado recientemente por este Consistorio constata que Franco adquirió este inmueble, ubicado en la Ciudad Vieja, de forma "fraudulenta", lo que supone una de las patas para reclamar por vía judicial su titularidad, aseguró la alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, el pasado mes de julio, tras la celebración del juicio por la propiedad del Pazo de Meirás.

El estudio sostiene que el Ayuntamiento de La Coruña vendió el 2 de agosto de 1962 la Casa Cornide a Pedro Barrié de la Maza por 305.000 pesetas en una subasta «fraudulenta», y este se la vendió cuatro días después a la mujer del dictador, Carmen Polo, por 25.000 pesetas, sufriendo así el palacio una minusvaloración del 1.200 por ciento.

Informe histórico

Además de este documento, la segunda pata para iniciar el proceso judicial será un informe histórico artístico que está siendo elaborado para la declaración del inmueble como Bien de Interés Cultural, que «es la manera de blindar la titularidad pública de la vivienda», dice Rey, por lo que, a partir de ahí estima que será cuestión de meses que se consumen las acciones judiciales.

El abogado del Estado jefe en Galicia, Javier Suárez, no descarta esta posibilidad al afirmar que la «solidez» de la sentencia que obliga a los Franco a devolver este pazo podría «dejar abierta» la vía a presentar otro caso por la Casa Cornide. 

"También el Estado, si considera que es un bien público, lo estudiará", ratifica el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada.

Otro caso que de momento ha concluido de forma favorable para los Franco ha sido el de las dos esculturas de Mestre Mateo, artífice del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, y que un juzgado madrileño reconoció como propiedad de los herederos.

El Ayuntamiento compostelano que reclama su devolución recurrió la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid con el argumento, entre otros, de que acreditó haber comprado estas figuras al Conde de Ximonde en 1947 y que incluso "que el examen de las esculturas se realiza en la propia casa consistorial".

La Audiencia Provincial falló también a favor de los Franco y por ello la Corporación municipal decidió presentar un recurso extraordinario de revisión ante el Supremo para tratar de recuperar la propiedad de estas estatuas, que representan a Abraham e Isaac, declaradas BIC junto a otras siete atribuidas a Mateo.