E l presidente de la organización agraria ASAJA, Pedro Barato, defiende que todo el sector agrario español promueva unido movilizaciones este otoño ante las amenazas que afronta el campo, como los bajos precios, el encarecimiento de materias primas o la nueva Política Agrícola Común (PAC). Barato ha asegurado que propondrá la próxima semana a los órganos de gobierno de ASAJA movilizaciones en septiembre y octubre, a las que le gustaría que se sumaran las demás organizaciones agrarias españolas para llamar la atención sobre la situación de los agricultores.

Después de que profesionales del campo hayan salido a la calle en media España durante los últimos meses para protestar contra los precios de la leche y  también por otros motivos, Barato apuesta por manifestaciones conjuntas por parte del sector y para ello consultará a las demás organizaciones agrarias porque «existe una unidad de acción que no se ha roto».

Lorenzo Ramos, máximo responsable de UPA, se ha manifestado en la misma línea y denuncia que la falta de rentabilidad, incrementada en los últimos meses por el encarecimiento de las materias primas, es lo que ha llevado al sector lácteo a movilizarse y no descarta que estas protestas se extiendan a otros sectores.

Por su parte, Miguel Blanco, secretario general de COAG, avisa de que las movilizaciones serán una herramienta de la que echarán mano si es necesario para defender al campo. En ese sentido, habla de «unidad de acción» con el resto de las organizaciones agrarias, como «ya hemos hecho» recientemente con el sector lácteo, y considera que es muy posible que salgan a la calle si finalmente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico incluye al lobo en el listado de especies protegidas.

Ya en las semanas previas a la pandemia las organizaciones agrarias salieron juntas a las calles españolas para protestar por las condiciones de los profesionales del campo, que no han mejorado precisamente desde entonces. Los precios de las materias primas se han disparado, como también lo han hecho los de la electricidad y el gasóleo. En aquella ocasión consiguieron que se modificara la Ley de la Cadena.

Ley de la cadena.

Después de la modificación lograda hace ya año y medio, el proyecto para tener una nueva de Ley de Cadena Alimentaria encara la recta final en el Congreso de los Diputados. ASAJA, UPA y COAG opinan que no se debe dejar pasar esta gran oportunidad para reforzar dicha normativa y aliviar las enormes dificultades que atraviesan agricultores y ganaderos. La crítica situación de sectores como el lácteo, con unos precios por debajo de los costes de producción, evidencia los incumplimientos de la actual Ley y la necesidad de acabar con prácticas abusivas que impiden la viabilidad económica de las explotaciones.

Los políticos se llena la boca constantemente alabando al sector agroalimentario, pero las organizaciones agrarias lo que piden son menos palabras y más hechos. Sus principales reivindicaciones son la prohibición la venta a pérdidas en el último eslabón, la necesidad de crear un registro de contratos o incluir en el ámbito de aplicación de la ley a los productos importados de países terceros, de tal manera que alimentos obtenidos con unas exigencias medioambientales y de calidad mucho menores que las españolas no puedan competir en igualdad de condiciones. También piden reforzar la figura del mediador y generar índices de precios y costes que no sean papel mojado y tengan un impacto real en los contratos que se han de firmar, al servir de referencia objetiva y pública, reforzando el papel de los Observatorios de la Cadena.

Esta nueva Ley de la Cadena tiene que entrar en vigor en noviembre de este año a más tardar, es decir, en un plazo de dos meses; de lo contrario España se arriesga a un expediente de infracción por parte de las autoridades europeas. Ramos, de UPA, considera que es esencial contar ya con la nueva norma y «nosotros nos encargamos de que la cumplan los que no quieren». Además, valora el hecho de que permita hacer públicas las sanciones a los incumplidores porque cree que esa medida tendrá un efecto disuasorio.

Barato, de ASAJA, defiende que incluya la prohibición de la venta a pérdidas y que el canal de la hostelería entre dentro de sus medidas, enfocadas a mejorar el poder negociador del agricultor frente a eslabones como la industria o los supermercados. Y afirma que, en cualquier caso, «si no hay mecanismos de control la normativa no valdrá para nada».

Blanco, de COAG, cree que la obligatoriedad de registrar los contratos saldrá adelante, así como la potenciación del Observatorio de la Cadena. Aclara que ese observatorio es importante porque sus datos servirían para guiar el establecimiento de precios en los contratos. Con todo, seguirán velando para que se cumpla la modificación anterior -conseguida a raíz de las tractoradas prepandemia-, que ya prohibía la venta a pérdidas.

Por otro lado Luis Planas, ministro de Agricultura, ha mostrado su gran preocupación a los diputados durante su comparecencia esta semana en el Congreso por la ralentización de la tramitación de la modificación de esta ley, ya que ha recibido una misiva de Bruselas en la que advierte a España de que podría «incurrir en una dilación indebida de aplicación de la norma». «Enviamos el proyecto de ley a las Cortes, donde sigue en trámite en esta Comisión, y espero su remisión al Senado, para que vuelva al Congreso y se pueda aprobar, lo cual sería deseable para conformar que en España, que somos pioneros, no incurramos en un retraso en su aplicación», ha indicado a los miembros de la Comisión de Agricultura en la que ha comparecido.