Durante el nuevo año 2021, el Colegio de Administradores de Ciudad Real estima que alrededor del 40% de los edificios de la provincia tendrá que ponerse al día con la obligación de instalar contadores individuales de calefacción y refrigeración central, según exige el Gobierno tras la aprobación el pasado mes de agosto del Real Decreto 736/2020. Edificios destinados a viviendas o a otros usos construidos antes de 1998, pues a partir de esa fecha las nuevas edificaciones ya estaban obligadas por ley a contar con este sistema singularizado. 

De este modo, además de lograr un ahorro económico cifrado en un 24%, el usuario ganará en autonomía a la hora de optimizar el consumo de calor o frío y mejorar el confort de su vivienda o local. «Cada uno podrá decidir cuánto calienta o enfría su casa y cuánto pagará por ello, pudiendo consultar el coste casi en tiempo real», explica José Cerros, presidente del Colegio.

Esta obligatoriedad emana de una directiva de la Unión Europa que veía la luz en 2015 y que en España se ha ido prorrogando hasta ahora. Por ello, el Gobierno aprobaba un Real Decreto en el que se fija un calendario a cumplir durante los próximos meses, con fechas distintas según las áreas climáticas en las que se ha dividido el país. Una obligatoriedad que está condicionada a la viabilidad y la rentabilidad económica, es decir, que el coste de instalar los contadores individuales se compense con el ahorro de energía que se lograría en los siguientes cuatro años.

Así, la provincia de Ciudad Real, incluida en la Zona D, tiene la obligación de tener realizada esa evaluación de rentabilidad económica antes del 1 de febrero de 2021 en los edificios para uso diferente a vivienda; del 1 de julio para edificios con más de 20 viviendas; y del 1 de diciembre para edificios con menos de 20 viviendas. Si la evaluación económica es positiva, habría que proceder a la instalación de los contadores individuales en un plazo máximo de 15 meses después de la fecha de presupuesto.

El coste de la adecuación de los sistemas de calefacción y refrigeración a esta nueva directriz oficial depende del tipo de instalación que exista en el edificio: distribución por anillos (ya con contador individual) o distribución por columnas, las más antiguas y más numerosas (sería necesario un contador en cada radiador de la vivienda). En el segundo caso «el coste por vecino podría rondar los 50/60 euros por radiador, aunque también se daría la opción de alquilar los equipos a la empresa instaladora», aclara Cerros. A esto habría que añadir el coste de las reformas necesarias a realizar en la caldera central del edificio. 

Sin juntas de propietarios

El presidente del Colegio de Administradores de Ciudad Real advierte que el principal problema que se plantea ahora es la necesidad de convocar reuniones de propietarios para el estudio de los presupuestos buscados y la elección de la empresa instaladora;reuniones físicas que en la actualidad están prohibidas por las medidas sanitarias, mientras que La Ley de Propiedad Horizontal no contempla la posibilidad de hacerlas de manera telemática. «Estamos trabajando para que esto pueda cambiar, por esta situación y por las que puedan venir», afirma José Cerros. De momento, los administradores se encargarán de pedir presupuestos para que, cuando la situación sanitaria lo permita, se puedan convocar las juntas vecinales.

En este sentido, Cerros adelantaba que el Consejo General de Administradores Colegiados ha solicitado al Ministerio de Justicia prorrogar por un año más las juntas de gobierno de las comunidades de vecinos, dada la imposibilidad de renovar los cargos al no poder convocar reuniones con más de seis asistentes.