El proyecto de Ley del Juego progresa adecuadamente, con amago de acercamiento entre los grupos parlamentarios incluido. Acercamiento que se traduce en la ‘rebaja’ de algunas de las restricciones propuestas por la Junta al sector. 

De momento,  las Comisión de Economía, encargada de evaluar las enmiendas presentadas por los grupos a este proyecto de ley, ya han limitado a los institutos de Secundaria la prohibición de instalar locales de juegos a menos de 300 metros de su puerta de acceso, eliminado a los centros de Infantil y Primaria de la ecuación. ¿El motivo? Que son los adolescentes entre los 12  y los 16 años el colectivo con más riesgo y, por tanto, a los que tiene que proteger la normativa, según ha defendido el PP y Ciudadanos y el PSOE ha aceptado.

Los grupos parlamentarios también han dado su visto bueno al retraso en la entrada en vigor de las nuevas tasas sobre el juego. En lugar de ‘estrenarse’ con el grueso de la ley, que previsiblemente estará plenamente operativa el próximo 1 de enero,  este punto se aplaza hasta julio del año que viene. 

En cuanto a la cuantía, el PSOE también ha dado su ‘ok’ a rebajar el porcentaje de esta tasa sobre el juego, que el texto presentado por la Junta de Comunidades elevaba al 20 por tiento, frente al 10 actual. Conforme con los grupos, la nueva tasa sobre el juego se quedará en un 14%, un «ni para ti, ni para mí», según ha defendido el PP, que como Ciudadanos pedía en un principio dejar la tasa tal cual está hoy.

Donde no ha cedido el PSOE es en cuestiones claves como la de la obligación de los locales ya existentes a adaptarse a la nueva normativa. En concreto, lo que pide Ciudadanos es que aquellos negocios que tienen su negocio a menos de 300 metros de un centro educativo  puedan posponer al año 2029 su adaptación a la norma.

La portavoz socialista, Ana Isabel Abengozar, ha sido aquí tajante:  dejar fuera de la norma a estos establecimientos  «carecería de sentido y les daría ventaja sobre el resto».

Tampoco está de acuerdo el PSOE con las propuestas de la oposición en torno a una posible reducción de las sanciones a cuenta de la actual crisis Covid. Es más, Abengozar defiende aquí la necesidad de apostar por «sanciones más duras», para dar «más seguridad y más control» al sector.

También llegará viva al pleno que debatirá la aprobación de esta nueva Ley del Juego, la propuesta del PP de eliminar el previsto Observatorio del Juego, al entender que solo vendría a ‘engordar’ la estructura institucional a cargo de los presupuestos regionales.

Antes de final de mes. El objetivo del Gobierno regional era tener aprobada esta nueva Ley del Juego antes de que acabe el mes de julio. Objetivo que a priori parece que va a conseguir. 

En cuanto a la cuestión de si esta normativa saldrá adelante con el apoyo, o no, de la oposición, el acercamiento escenificado este martes en la comisión podría ser una primera señal de acuerdo, si bien ni Ciudadanos ni PP han avanzado aún el sentido final de su voto.

Cabe recordar que este proyecto de ley viene a reformar la normativa aprobada en 2013, que liberalizó el sector en la región, y buscar revertir el incremento de locales de juego y apuestas que ha sufrido la región en menos de una década, en la que se ha pasado de medio centenar de establecimientos de este tipo en Castilla-La Mancha a los  doscientos actuales.

Junto a la ya citada prohibición de abrir locales de este tipo en las inmediaciones de los centros escolares, el texto presentado por el Gobierno regional también contempla medidas como la eliminación de todo tipo de publicidad en torno al juego, incluyendo aquí las fachadas de los locales, así como la imposibilidad de instalarse menos de 150 metros de otra sala o local de juego.

También incluye la posibilidad de que los ayuntamientos declaren determinados barrios como ‘zonas saturadas’, impidiendo la implantación de nuevos establecimientos de juego en esas áreas. Y obliga a acentuar  los controles de acceso para evitar la entrada de menores y gente con problemas de juego en estas salas.