Seis años y nueve meses después de que abriera una cuenta corriente en un banco en línea del Grupo ING con miras a solicitar un préstamo de 18.000 euros ha admitido en la Audiencia Provincial de Ciudad Real que lo hizo con «ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito», es decir, con disposición de engañar, estafar. El acusado de cometer este delito tipificado en los artículos 248 y 249 admitió ayer los hechos que le imputaba el Ministerio Fiscal, por los que se enfrentaba a una condena de un año y nueve meses de cárcel y el pago de una indemnización de más 17.700 euros. A. S. C., sin antecedentes penales que consten en la causa, reconoció ante el Tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real que el 14 de enero de 2015 suscribió con ING Direct la apertura de una cuenta corriente con el fin de solicitar un préstamo de 18.000 euros.

El 11 de febrero de ese año le fue concedido dicho préstamo. Para ello, según el Ministerio Fiscal, utilizó los datos de un tercero que padece una discapacidad intelectual del 83 por ciento. Ayer, el encausado admitió este hecho delictivo ante el Tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Ciudad Real. El reconocimiento expreso de los hechos propició un acuerdo de conformidad entre las partes: fiscal, acusación particular y defensa.

De este modo, la pena de cárcel que solicitaba inicialmente el Ministerio Público pasó a ser de un año y seis meses de cárcel.

El acusado ratificó el acuerdo ante el Tribunal y asumió el cumplimiento de la condena pactada. En la rebaja de la pena pesó el hecho de que haya reparado el daño causado. Ha abonado la responsabilidad civil, 18.000 euros.

El encausado también reconoció que se había generado una deuda de 17.736 euros con Axactor, actual cesionario de la deuda. Se trata de un fondo intermediario que actúa en España a través de una filial reclamando cantidades ante los tribunales mediante juicios monitorios y juicios ejecutivos, para el cobro de deudas inicialmente contraídas con otro banco o financiera que inicialmente concedió el préstamo o crédito. La deuda generada por la acción del acusado ya está saldada, según se puso de relieve ayer en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

La abogada que ejerce la defensa del encausado puede solicitar la suspensión de la pena privativa de libertad, hecho que se resolverá en ejecución de sentencia, indicaron en la vista oral celebrada ayer y que quedó reducida al informe de los términos del acuerdo de conformidad suscrito, que fue ratificado en sala por el encausado, quien aceptó la pena tras admitir el delito de estafa