Con la única certeza de que hay que sacar adelante como sea unos Presupuestos que apuntalen la legislatura, el Gobierno sigue haciendo cuentas con la endiablada aritmética parlamentaria para alcanzar o superar la cifra mágica de 176 diputados que le permita pasar el trámite en el Congreso. Conscientes de la dificultad de sacar adelante el proyecto más importante del año para un Ejecutivo, desde las filas socialistas se insiste en ampliar la base de negociación, hablando casi con todos los grupos que forman parte de la Cámara. De hecho, el único que queda fuera de los contactos es Vox. Pero esta hoja de ruta en la que se incluye un posible pacto con Ciudadanos se encuentra con la oposición de, al menos, dos formaciones clave: una es Podemos, que forma parte del Gobierno de coalición y que, en teoría, debería dar luz verde a cualquier pacto que modifique los Presupuestos; y otra es ERC, enrocada en no tener nada que ver con los naranjas y, menos aún, con el fantasma de unas elecciones en Cataluña sobrevolando las negociaciones.
Los de Pedro Sánchez no ocultan sus simpatías por la formación de Inés Arrimadas, a quien la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha elogiado en público porque -asegura- antepone el interés de España al de su partido. En privado, el sector socialista del Gobierno remarca esta idea al apuntar que Cs es el único partido que ha entendido el reto al que se enfrenta España, mientras reprocha a ERC un tacticismo electoral.
Precisamente, la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, insistió en que su formación no apoyará unos Presupuestos si el Ejecutivo busca el apoyo de partidos que defienden «políticas neoliberales». «El proyecto de ERC es totalmente incompatible con el de Cs y nosotros no avalaremos ninguna política pública que gire a la derecha», señaló.
Mientras, como guiño a los separatistas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que tiene previsto hablar esta semana con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para fijar la fecha para volver a reunir «en los próximos días» la mesa de diálogo con el Ejecutivo catalán, una de las condiciones impuestas por los independentistas para sentarse a negociar las Cuentas.
Otra de las posibles cesiones de Moncloa a los secesionistas la dejó caer también el propio Sánchez, al recordar en la misma entrevista que mantiene su promesa de reformar el Código Penal para modificar el delito de sedición, lo cual afectaría a los líderes secesionistas que cumplen condena por el referéndum y la declaración unilateral de independencia de 2017.
Las tres derechas
No tendrán fácil los socialistas convencer a su socio de Gobierno, Unidos Podemos, para que bendiga el acuerdo con Ciudadanos. En este sentido, el vicepresidente segundo del Ejecutivo y líder de los morados, Pablo Iglesias, avisó de que «los intentos de pacto con una de las tres derechas», en referencia al partido de Inés Arrimadas, se han traducido en los últimos años «en una inestabilidad que solo benefició a la derecha». Por ello, volvió a rechazar, una vez más, que se incluya al partido naranja en la negociación de las Cuentas, como defiende la parte socialista del Gabinete.
En la misma línea se manifestó la ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, afirmando que la «única vía» para aprobar los Presupuestos es la mayoría que permitió la investidura de Sánchez, y defendiendo que no es lo mismos sacar adelante esas cuentas públicas con Ciudadanos, que «gobierna con la ultraderecha en algunos territorios» que con ERC, una fuerza «progresista» que avalará los Números que necesita España «para blindar los derechos sociales».