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Piden quitar el hijo a una mujer por intentar matar al padre

Pilar Muñoz
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El fiscal solicita por primera vez a la Audiencia Provincial de Ciudad Real que se le prive de la patria potestad a la procesada al considerar probado que apuñaló por la espalda a su expareja en un «ataque sorpresivo y alevoso»

La procesada, en primer término, durante la declaración de un policía de la Científica - Foto: Tomás Fernández de Moya

«No hay legítima defensa, ni arrebato, ni obcecación, ni trastorno que pueda justificar o atenuar la imputabilidad por asesinato en grado de tentativa» de la procesada respecto a su expareja. Así lo considera probado el fiscal Jesús Gil, quien ha pedido que se le prive de la patria potestad.

Es la primera vez que se solicita en Ciudad Real esta medida en relación de una mujer respecto a un hijo, que conlleva también el cese de las visitas. El fiscal ha pedido la retirada de este derecho por la gravedad de los hechos cometidos la tarde del 6 de abril de 2018 en una vivienda del barrio de Los Ángeles de Ciudad Real. Virginia C. L., de 29 años, «apuñaló por la espalda a su expareja en un ataque sorpresivo y alevoso con intención de acabar con su vida», ha subrayado en su  alegato Jesús Gil, que se da la circunstancia de que es el fiscal delegado de Violencia de Género en Castilla-La Mancha y quien logró que se aplicara por primera vez en España la ‘perspectiva de género’.

Los hechos ocurrieron en presencia del hijo de ambos (acusada y agredido) y por ello pide que se le prive de la patria potestad a la procesada, para quien solicita una condena de doce años de cárcel al considerar que en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha quedado acreditado el delito de asesinato en grado de tentativa que se le imputaba. El fiscal también ha solicitado orden de alejamiento y la pulsera de control telemático.

El abogado Rafael Pérez, que ejerce la acusación particular en nombre de la víctima, va más allá y pide la pena máxima: 15 años, además de la privación de la patria potestad y en concepto de responsabilidad civil 161.903 euros por los daños y secuelas. Carlos Enrique  G. P., de 39 años, era conductor de autobús y ha perdido su trabajo por las secuelas que le han quedado.

Pudo ser mortal. Tanto el fiscal como la acusación particular se apoyan fundamentalmente en el informe de los forenses, quienes concluyen que Carlos Enrique G.P. podría haber muerto de no haber recibido asistencia médica inmediata. Los forenses que le examinaron han aseverado que la primera puñalada fue por la espalda, «penetrante y perforante. Una herida inciso punzante que podría haber sido mortal de no haber sido intervenido rápidamente y también por sus condiciones físicas. La herida a la altura del reborde interno de la escápula izquierda penetró hasta la pleura pulmonar causando un neumotórax con colapso pulmonar. Luego hubo una segunda puñalada cuya trayectoria pudo desviar Carlos Enrique G. P. al agarrar el cuchillo por el filo llegando a cortarse los tendones y una tercera. La acusada «en ningún momento soltó el cuchillo», remarcó el fiscal, quien añadió que Carlos Enrique G. P. no causó lesión alguna a la encausada, que tras los hechos le denunció por violencia de género, siendo sobreseida la causa.

«Despecho». El letrado de la acusación particular mantuvo que la procesada urdió un «plan maquiavélico» tras enterarse de que su expareja había interpuesto una demanda de custodia compartida. «Le apuñaló cuando estaba cambiado el pañal al bebé el mismo día que recibió la demanda» y  «no acabó con él porque se parapetó tras una silla a modo de escudo de protección», ha subrayado el abogado Rafael Pérez, quien ha asegurado que la acusada actuó por «despecho, celos y rabia». Según el letrado, «miente cuando dijo que Carlos Enrique abofeteó al bebé e intentó asfixiarle. Los médicos no encontraron signos de violencia».  Además, ha agregado que «no ha dudado en utilizar la violencia de género como escudo y arma arrojadiza contra su expareja».

«Una torpeza». El abogado Jesús Barroso, que defiende a la procesada, ha refutado las tesis de las acusaciones y ha sostenido que los hechos en todo caso serían constitutivos de un delito de lesiones. Ha afirmado que «Carlos Enrique miente descaradamente. Es falso que estuviera cambiando el pañal al niño en el sofá cuando hay un cambiador». El letrado sostiene que «hubo una discusión que propició él, una pelea y un forcejeo». Según el letrado, provocó la pelea y hubo "un estímulo poderoso que le llevó a ella a la torpeza de coger un cuchillo, pero sin intención de causar daño». En este sentido, ha dicho que ni ella ni él fueron conscientes del alcance de las lesiones, como tampoco los policías que acudieron a la vivienda tras los hechos. "No le dieron trascendencia". 

Virginia C. L. ha pedido perdón en el uso al derecho a la última palabra en el juicio. «No haría nada que pusiera en riesgo a mi hijo, lo primero, ni a Carlos. Lo siento, no me cansaré de pedir perdón a Carlos, a su familia y a mi familia», ha dicho sin poder contener las lágrimas.