Los ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real redujeron su deuda en más de 25 millones de euros en el año 2018, después de que más de la mitad de los consistorios ciudadrealeños amortizaran parte de sus créditos pendientes de pago en el último año y tan sólo ocho de ellos recurrieran al endeudamiento a la hora de acometer sus inversiones. Al cierre del año pasado, la deuda viva de los municipios ciudadrealeños era de 162,59 millones de euros, por debajo de los niveles previos a la crisis económica y de aquella época de inversiones contra la recesión que disparó los números rojos en las arcas públicas de las administraciones más cercanas. Ahora, con la espada de Damocles que supone la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, las cuentas municipales siguen metidas en cintura, y encadenan seis ejercicios consecutivos en los que el rojo de los balances municipales pierde fuerza.

De la llamada ‘Ley Montoro’ se puede debatir acerca de su proporcionalidad o de su justicia, pero no sobre su eficacia. Desde que entró en vigor, en el año 2013, la deuda viva de los ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real se ha rebajado en más de 136 millones, rebajándose prácticamente a la mitad. En el año 2013, antes de que el Ministerio entrara formalmente a embridar el gasto público de las administraciones locales, la deuda de los ayuntamientos de la provincia superaba los 299 millones de euros (tan sólo un año antes había superado los 306 millones de euros), y ese ejercicio inició un descenso que la nueva legislación impulsada por el ministro popular ayudó a intensificar a costa, eso sí, de reducir al mínimo las inversiones municipales y el gasto en servicios, por lo que se encontró pronto con la oposición de muchos ayuntamientos. Sus efectos, nítidos en las cifras de deuda que recopila el Ministerio de Hacienda, mantiene abierto el debate sobre lo idóneo o no de su férrea continuidad.

Puertollano y Ciudad Real encabezan el listado de municipios que redujo su deuda a lo largo del año pasado. De hecho, ambas localidades son en buena parte responsables del descenso, ya que de los 25,68 millones de euros en que se redujo la deuda viva de los consistorios provinciales, la suma de la ciudad minera (9 millones menos) y de la capital (4,48 millones menos) supone uno de cada dos euros en los que cayó el endeudamiento de las entidades locales el pasado año. Junto a esos municipios, los que más rebajaron su deuda durante el año pasado fueron Valdepeñas (3,29 millones de euros menos), Tomelloso, que la rebajó en 2,45 millones de euros; Daimiel, que la redujo en 1,29 millones de euros; y Socuéllamos, que rebajó sus créditos pendientes de pago en más de 859.000 euros. En total, hubo 58 municipios en toda la provincia, de los 102 que existen, que a lo largo del año 2018 consiguieron amortizar parte del pasivo de sus balances, reduciendo su endeudamiento.

También hubo, eso sí, entidades locales que aprovecharon los resquicios de la ley de racionalización para recurrir a los bancos a la hora de financiar sus inversiones. Lo hicieron ocho municipios, encabezados por Criptana (728.000 euros más de deuda en  2018) y Manzanares (588.000 más), además de Porzuna (543.000 euros), Almagro (273.000 euros), San Carlos del Valle (213.000 euros), Villarrubia (151.000 euros), Ballesteros (42.000 euros) y Llanos del Caudillo, que incrementó en 600 euros su deuda. Además, hubo 36 municipios que mantuvieron su deuda sin variación a lo largo del año pasado, y un dato aún más importante, 40 municipios, más de un tercio de la provincia, que a día de hoy no tienen compromisos pendientes de pago: deuda cero.