El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que modifica otros tres de diciembre de 2014 sobre la aplicación de la Política Agraria Común (PAC), que incorpora los cambios necesarios para adaptar la normativa nacional a ciertas actualizaciones legislativas de la Unión Europea (UE). Estos cambios serán útiles a partir de 2022, último ejercicio de transición entre el anterior marco (2014-2020) y la entrada en vigor de la nueva PAC, el 1 de enero de 2023. Además se incorporan algunos ajustes técnicos derivados de la experiencia de gestión de la PAC en años anteriores.

Agricultura ha precisado que los 7.425 millones previstos en 2022 incluyen tanto el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria, del que proceden las ayudas directas, como del Fondo Europeo de Desarrollo Rural, que financia las actuaciones del llamado segundo pilar de la PAC.

Las principales modificaciones del Real Decreto 1075/2014 se refieren a la definición de «coeficiente de admisibilidad de pastos» para permitir que las comunidades autónomas puedan establecer en su normativa el valor mínimo de coeficiente por debajo del cual dicha superficie no se considerará subvencionable. Además, se modifican las ayudas asociadas ganaderas aclarando, para el caso de quienes comienzan su actividad, el procedimiento de cómputo de animales elegibles, de tal manera que la autoridad competente pueda aplicar la opción más beneficiosa para estos solicitantes.

Igualmente, se simplifica la gestión para los consejos reguladores o entidades acreditativas de denominaciones de calidad para las legumbres, que no tendrán que remitir anualmente el NIF de los agricultores inscritos o en trámite de inscripción, ni la superficie registrada por cada uno de ellos cuando las autoridades competentes ya dispongan de esta información.

Respecto al contenido de la solicitud única cuando comience su plazo de presentación (el 1 de febrero en el caso de 2022), el Fondo Español de Garantía Agraria dará publicidad al catálogo de cultivos al objeto de que los agricultores puedan realizar correctamente la declaración. En el caso del cáñamo, junto con la solicitud debe proporcionarse prueba de la existencia de contrato formalizado con la industria transformadora o bien autorización emitida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Por otro lado y respecto a los plazos de presentación de las solicitudes, la normativa europea ahora permite que sean fijados por los estados miembros.

Para establecer unos plazos comunes a escala nacional que garanticen la igualdad de trato entre los agricultores, se fija el 30 de abril como fecha límite para la presentación de solicitud única, el 31 de mayo para la modificación de ésta, y el 31 de agosto para la adaptación de la solicitud en aquellos casos en los que se ha comunicado al solicitante alguna incidencia derivada de los controles preliminares o de los controles por monitorización, así como para retirar total o parcialmente parcelas de su solicitud.

El departamento que lidera Luis Planas ha indicado que para que haya cierta flexibilidad en las fechas que permita tener en cuenta las cambiantes condiciones climáticas y meteorológicas y circunstancias de otro tipo, las comunidades autónomas podrán ampliar la fecha límite de presentación de la solicitud única en su territorio más allá del 30 de abril, previa comunicación al FEGA, y también podrán ampliar la fecha límite de adaptación de la solicitud única más allá del 31 de agosto si se dan las razones para ello.

Respecto al Real Decreto 1076/2014, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico, se modifica el mecanismo de convergencia, con el fin de proporcionar una acomodación más gradual de las explotaciones al futuro marco normativo de aplicación de la PAC a partir de 2023, asegurando así una transición más suave.

Y en relación con el Real Decreto 1078/2014, por el que se establecen las normas de la condicionalidad, por recomendación de la CE se retoca el anexo que establece las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales de la tierra, en particular la BCAM 4 (cobertura mínima del suelo) y la BCAM 5 (gestión mínima de las tierras que refleje las condiciones específicas locales para limitar la erosión). De esta forma, con la modificación introducida, se elimina la excepción que afectaba a las parcelas de cultivo menores de una hectárea, y parcelas irregulares o alargadas cuya dimensión mínima en el sentido transversal a la pendiente fuera inferior a 100 metros.

Plan Estratégico.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha presentado este martes al Consejo de Ministros el Plan Estratégico para la aplicación de la PAC en España a partir de 2023, que el Gobierno ha remitido un día más tarde a la Comisión Europea para su aprobación, cumpliendo así lo establecido en los nuevos reglamentos. En total, para la preparación de esta propuesta se han celebrado cerca de 300 reuniones, se han analizado aproximadamente 1.000 aportaciones escritas y se han llevado a cabo cinco conferencias sectoriales en el último año y medio y numerosas reuniones bilaterales.

Tras los ajustes que puedan derivarse de todas las observaciones y alegaciones recibidas en el marco de la fase de Información Pública y evaluación ambiental y de las propias observaciones de la Comisión, España propondrá un texto definitivo del Plan Estratégico.

Planas prevé que la CE lo apruebe a finales del primer semestre de 2022 para que sea de aplicación a partir del 1 de enero de 2023, tal y como está estipulado.

Por primera vez, se incorpora a la PAC la dimensión social y España, atendiendo a la importancia en el sector de la presencia de asalariados, pretende hacerlo desde el año 2024, un año antes de lo previsto como obligatorio en el reglamento. Además, «se trata de la PAC más ambiciosa en materia climática y ambiental de la historia de la UE, acorde con los compromisos adquiridos en el marco de los convenios de Naciones Unidas y de la propia hoja de ruta establecida en el 'Pacto Verde Europeo'», han subrayado desde el Ministerio.