Este año se conocerá en el mundo de la prevención sanitaria como el de la seguridad en los alimentos debido a una decisión de la ONU que marcaba que, por primera vez, en este 2019 se celebrara un Día Mundial dedicado a esta situación sanitaria, el pasado 7 de junio. Se hizo con el lema Inocuidad de los alimentos, un asunto de todos y con el objetivo de llamar la atención e inspirar acciones para ayudar a prevenir, detectar y gestionar los riesgos transmitidos por los alimentos. De estas acciones, en Castilla-La Mancha se ocupa la Consejería de Sanidad y una serie de inspectores en varios niveles que vigilan todos y cada uno de los establecimientos de la provincia de Ciudad Real y de la región. En concreto desde el inicio del año pasado y hasta junio se llevan inspeccionados 7.062 establecimientos de toda la provincia, una cifra que implica que en casi dos años ha habido inspecciones sanitarias en casi todos los locales de la provincia, ya que son 8.200 los que existen. En total se han visitado el 86% de todos los locales de la provincia que se dedican a la alimentación.
«En la mayoría se verifica que cumple la normativa», apuntó el director provincial de la Consejería de Sanidad, Francisco José García, quien recordó que en cada establecimiento se busca el cumplimiento de cierta normativa. «No es lo mimo un restaurante, un comedor o un matadero», apuntó, a modo de ejemplo el director provincial. Ese cumplimiento de las distintas directivas se verifica en el hecho de que entre 2018 y lo que va de 2019 se hayan levantado solo 177 expedientes sancionadores, 18 de ellos por infracciones grave. El ratio de expedientes por visita es de un 2,5 por ciento.
Hasta llegar a esa sanción, la Consejería da un plazo a cada establecimiento para «subsanar», si se puede, aquello que considera necesario y adaptarse a la norma. «Solo en caso de no subsanarse, llega a la asesoría jurídica de la dirección provincial y en función de la gravedad se sanciona», expuso García. La cuantía de estas multas varía de en función de la ley y del tipo de infracción pero por poner un ejemplo, las leves aplicadas en estos dos años suponen 108.329 euros en total, 681 euros de media; mientras que las graves suman 25.342 euros, 1.407 euros de media. «Hay un número insignificante de expedientes con sanción», señaló el director provincial, quien recordó que el objetivo es lograr que no haya ninguno pero es un objetivo difícil de lograr por la gran cantidad de establecimientos que hay en la provincia así como la gran cantidad de normativas que se deben cumplir.
Para la vigilancia de estos locales, la Consejería de Sanidad divide la provincia en seis distritos de salud pública: Alcázar de San Juan, Daimiel, Ciudad Real, Puertollano, Valdepeñas y Tomelloso. «En ellos trabajan más de 60 personas, tanto veterinarios como farmacéuticos, que están a pie de campo realizando inspecciones». A este grupo de personas hay que sumar los veterinarios que acuden a los mataderos de la provincia y que se complementan con personal «en las secciones de salud públicas e higiene de los alimentos así como el personal que trabaja en los laboratorios de salud pública», encargados de analizar las pruebas. «Hay más de cien personas trabajando directamente en garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos de Ciudad Real» que realizan su labor en función de aquella prevención a la que se dirigen.
Por este motivo, García recordó que una de las claves en el control de la comida de la provincia se encuentra en que no se trata solo de inspecciones en bares o restaurantes, quizás la más conocida por los ciudadanos de a pie, sino que la clave está en que se analiza todo el sistema completo. «Hay comedores escolares, los establecimientos donde se venden o se procesan los alimentos o donde hay transformación de los productos, como los de la caza», dijo García, quien recordó que incluso «hay inspecciones in situ» de la alimentación. «Es muy amplio todo lo que se hace y lo que se intenta es ser muy preventivo y buscar que no se produzcan incidencias que puedan llegar al consumidor», explicó el director provincial. Por lo tanto la intención primordial se trata de detectar a tiempo y evitar cualquier aspecto de seguridad alimentaria que pueda afectar a la población.
La clave de todo este proceso se encuentra en la prevención durante todo el año sin que haya un mes en blanco en el trabajo de los inspectores de sanidad. Un ejemplo, recordó el director provincial, se encuentra en los comedores escolares o en las compañías de catering donde se puede pensar en que solo se vigila o se inspecciona durante el curso escolar pero también se producen visitas de los técnicos de la Consejería durante los meses de verano.
La clave del sistema, además de las inspecciones, se encuentra en los objetivos que tiene cada parte primordial de la cadena alimentaria. «El Gobierno busca garantizar que los alimentos llegan en buen estado a los usuarios, a los productores les interesa que lleguen en buen estado, a los que distribuyen y venden alimentos también comparten este mismo interés».