Una nueva información publicada por el diario ‘La Razón’ en la que se asegura que Villarejo alertó al jefe de gabinete de Cospedal del informe que señalaba a Rajoy como perceptor de la ‘Caja B’ ha vuelto a enfrentar al PP y al PSOE de Castilla-La Mancha. Los ‘populares’ han insistido en defender «la presunción de inocencia» de Cospedal y el PSOE ha preguntado a los ‘populares’ qué deben a la expresidenta regional.
Preguntado al respecto en la rueda de prensa que ha ofrecido en las Cortes, el diputado regional del PP Miguel Ángel Rodríguez ha asegurado que le «sorprende» que el PSOE «siga enmarañado» en hablar de estas cosas «por no hablar de lo que preocupa a los ciudadanos de verdad». «Dejemos trabajar a la Justicia y confiemos en la presunción de inocencia», ha afirmado el ‘popular’.
Ha insistido en que «el PSOE quiere hablar de estos temas para que no se hable de los indultos» y «para que no se hable de que Sánchez va a acometer una traición a todos los españoles indultando para seguir en la poltrona a gente que ha cometido delitos muy grandes y que quiso dar un golpe de estado en Cataluña».
El PP insiste en la «presunción de inocencia» de CospedalPor parte del PSOE, el secretario de Política Municipal del PSOE, Miguel Zamora, ha manifestado que al PSOE le produce «vergüenza» comprobar cada día como Cospedal está inmersa «en un nuevo escándalo». «Desde el PSOE nos abochorna profundamente la etapa de Cospedal y seguir viendo todos los días como Cospedal pudo convertir el Palacio de Fuensalida en el epicentro de los recortes, la desigualdad y la corrupción», ha proseguido.
Así, ha lamentado que «los dirigentes actuales del PP ni condenaron en su día los recortes ni condenan ahora las noticias sobre corrupción ni nombran a Cospedal». «¿Señores dirigentes del PP, qué le deben a Cospedal para que día tras día veamos un bochorno en prensa y no sean capaces de decir nada?», ha dicho.
Como concluye, mientras Cospedal «hacia todo lo más parecido a lo que podría ser una serie de Netflix de las cloacas más asquerosas del Estado, sus consejeros se dedicaban a recortes servicios públicos en Castilla-La Mancha».