La Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real ha recibido unas 180 peticiones de ciudadanos que han pedido la devolución de las multas pagadas por expedientes abiertos durante el estado de alarma. El Tribunal Constitucional (TC) declaró ilegal la limitación de circulación de personas y vehículos en espacios y vías públicas que fijaba la norma y, en ese momento, se abrió la puerta a la paralización de los expedientes y la devolución del dinero a quienes ya lo hubieran pagado. Se trata de una cantidad mínima de personas, si se tiene en cuenta que en la provincia de Ciudad Real se han tramitado aproximadamente unos 13.000 expedientes sancionadores, 4.000 en 2020 y unos 9.000 durante el año 2021, aunque buena parte de los expedientes están en trámite aún. Solo se ha reclamado el 1,38 por ciento de los expedientes.
Fuentes de Subdelegación explicaron a La Tribuna de Ciudad Real que se está actuando en tres líneas para acatar la sentencia del Constitucional. En primer lugar, se están archivando las actuaciones que sea necesario archivar, para que se sobresigan aquellos expedientes y no continúe su recorrido sin que el ciudadano tenga que hacer nada más. También se están cursando peticiones para levantar las vías de apremio y los embargos que se habían solicitado al Ministerio de Hacienda y que tuvieran relación con estas sanciones. Por último, se está haciendo la devolución a aquellas personas que han hecho un escrito solicitando la devolución, así como los posibles embargos o apremios.
De los tres aspectos, los dos últimos son los que tienen prioridad, explicaron desde la Subdelegación, ya que se busca evitar que haya ciudadanos que reciban embargos en sus cuentas o realizar pagos pendientes. De hecho, desde la institución se está trabajando desde el inicio, el confinamiento de marzo y abril de 2020 hacia delante, para ir archivando los expedientes desde el más antiguo. A estos tres aspectos se añade que se está a la espera de que se habilite un mecanismo nacional para las devoluciones, ya que el Ministerio del Interior tiene la intención de crear un proceso para aquellas personas que habiendo pagado una sanción, aún no hayan solicitado su devolución. Se trata de una devolución de oficio que se acabará habilitando para cumplir la sentencia. Quien ha pedido la devolución, lo que ha hecho es presentar un escrito ante la Subdelegación, relatando que se solicita debido a la sentencia del Tribunal Constitucional y siguiendo las directrices marcadas por la institución.