El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, dio una de cal y otra de arena al Gobierno de Pedro Sánchez tras hacerse público el contenido del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019. Ruiz Molina lamentó que se haya tenido en cuenta «el peso de la renta per cápita en la distribución de las inversiones por territorio y se han repartido de forma directamente proporcional a esa riqueza relativa. Se debería hacer de forma inversamente proporcional», dijo.

El consejero señaló que las inversiones deben hacerse con un criterio de convergencia y, en consecuencia, distribuirse «no tanto» en función de la riqueza de cada territorio sino «inversamente proporcional a esa riqueza» propiciando que los PGE puedan ser «un elemento de cohesión».

«No estoy satisfecho en ese sentido porque no se ha abierto por ahora la financiación autonómica y debería ser en ese seno donde se establezcan los criterios de financiación de las comunidades autónomas y los de distribución de las inversiones del Estado en función de esos territorios», argumentó.

Según el titular de la Hacienda, si solamente se tiene en cuenta la riqueza y no la superficie, como es el caso de Castilla-La Mancha, «habrá regiones que con una extensa superficie verán perjudicadas sus necesidades de inversión desde el punto de vista de los Presupuestos del Estado». «Es una política que contradice la política de la UE», zanjó.

más gasto social. No obstante, el consejero destacó que un aspecto fundamental de estas cuentas del Estado es su aproximación al gasto social, en la medida en que supone el 56 por ciento del total del gasto no financiero y eso «está en consonancia con las prioridades de la Junta de Castilla-La Mancha».

«En la región, este gasto social que aprobamos con los sucesivos presupuestos ha sido superior al 70 por ciento, por lo tanto hay concordancia entre las prioridades de los gobiernos socialistas de destinar el mayor peso posible a gasto social», manifestó.

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