Los cargos públicos en Castilla-La Mancha tienen que publicar anualmente su declaración de bienes y rentas y además hacerlo cuando son nombrados y cuando cesan. Hasta la fecha tenían que rellenar un modelo en el que debían indicar ingresos netos, lo que habían pagado por IRPF y Patrimonio, vehículos, patrimonio inmobiliario, deudas, dinero en depósitos, acciones, fondos de inversión o seguros.

El Consejo de Gobierno ha decidido cambiar el modelo de declaración por uno que «será el más completo de todos los utilizados, mucho más completo que el que realizan los diputados en las Cortes generales», avanzó esta mañana el vicepresidente primero en funciones, José Luis Martínez Guijarro. Expuso que así se cierra toda la normativa desarrollada en estos cuatro años a raíz de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. De hecho, en cuanto se publique en el Diario Oficial, ya estarán obligados a rellenar el nuevo modelo los cargos públicos que vayan a cesar ahora con el arranque de la nueva legislatura.

Guijarro explicó que han seguido las sugerencias del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el que hubo una reunión a comienzos de mayo. Una de las novedades es que ahora los cargos públicos tendrán que indicar sus ingresos íntegros (hasta ahora eran los netos), precisando también las retenciones y cotizaciones.

También estarán obligados ahora a declarar «donaciones a todo tipo de entidades sin ánimo de lucro, formaciones políticas o fundaciones». Otra novedad, que será la primera vez que se aplica en España, será la declaración de las «sociedades patrimoniales de las que son titulares y los bienes inmuebles». Además, deberán precisar si sus acciones son en empresas que cotizan en bolsa o no, pues ese detalle tiene implicaciones en la capacidad de decisión o de control que tiene el titular.

Los currículos, más claros. Además el Consejo de Gobierno ha establecido nuevas reglas para clarificar los currículos académicos y profesionales que se publican de los cargos de la Junta. En la web del Gobierno regional se pueden consultar, por ejemplo, los perfiles de consejeros, directores generales o provinciales. Guijarro expuso que ahora se tendrá que distinguir entre títulos oficiales y títulos propios y que habrá que diferenciar el currículo profesional del político.

El vicepresidente primero de la Junta en funciones, expuso que será la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno quien haga la «comprobación de los datos de las personas que ocupan los cargos públicos».