El juicio fue suspendido en septiembre después de que su defensa pidiera su nulidad parcial por un defecto de forma, según informó entonces a Efeel Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Coincidiendo con el señalamiento de la primera vista, durante la presentación de las cuestiones previas ante la sala, la defensa alegó "indefensión" solicitando la nulidad del mismo, al considerar que en la fase de instrucción, en la toma de declaración a los menores, se le entregó copia de las transcripciones de estas declaraciones pero no grabación audiovisual, lo que, en su opinión, provocaba indefensión a la hora de elaborar el escrito de la defensa.

El juicio contra excura acusado de abuso, a puerta cerrada - Foto: Tomás Fernández de Moya

A tenor de esta circunstancia, "en aras de garantizar el derecho de la defensa", la sala decidió decretar la "nulidad parcial" del juicio "retrotrayendo las acciones al momento previo de la presentación del escrito de la defensa".

Tras facilitarle la documentación audiovisual que le faltaba a la defensa y darle un nuevo plazo de tiempo a fin de que pudiera presentar su escrito final, el juicio volverá a celebrarse el próximo lunes.

El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones provisionales, recuerda que el sacerdote está acusado de abusar de estos menores en reiteradas ocasiones entre 2013 y 2016 por realizarles tocamientos en distintos lugares, tanto cuando acudían a una piscina pública como en sus habitaciones.

El fiscal considera al acusado autor de 17 delitos de abuso sexual, por lo que pide penas de más de 40 años de prisión y solicita también para él la prohibición de desempeñar actividades que le faciliten la ocasión de cometer hechos delictivos de similar naturaleza.

Igualmente, la fiscalía pide que participe durante cinco años en programas formativos, laborales, culturales u otros similares, así como una inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular o directo con menores durante seis años.

El pasado mes de junio, el Papa Francisco firmó un decreto por el que determinó la dimisión por oficio del exsacerdote encausado y le concedió la dispensa de las obligaciones sagradas que tenía contraídas de su identidad sacerdotal.

La decisión papal se produjo por el comportamiento que ha mostrado el sacerdote a raíz de la pena que le había impuesto la Congregación para la Doctrina de la Fe, encargada de juzgar su caso independientemente de que estaba siendo investigado por la vía penal.

Además, las instituciones eclesiásticas llevaron a cabo una investigación que concluyó con la pena canónica al sacerdote de ser recluido en un monasterio durante cinco años con asistencia espiritual y psicológica.

Esta decisión se envió a la Congregación para la Doctrina de la Fe para que diera su conformidad, de acuerdo con la gravedad de los hechos examinados, como así fue.

Sin embargo, el sacerdote acusado de los abusos se negó repetidamente a comenzar a cumplir la pena que se le impuso por lo que la Congregación para la Doctrina de la Fe decidió proponer al Papa Francisco que retirara su nombramiento como sacerdote, lo que finalmente se ha producido.

El presunto caso de abusos sexuales se conoció en marzo de 2016 cuando el entonces obispo de Ciudad Real, Antonio Algora, dio conocimiento de los hechos al Vaticano y los trasladó a la Fiscalía.