La Audiencia de Ciudad Real acogerá la próxima semana un macrojuicio contra seis personas que se dedicaban a la compra y distribución de drogas y para los que se piden penas de hasta seis años de cárcel. La operación policial que permitió desarticular la banda comenzó en el verano de 2016. Entonces el Área de Investigación de la Guardia Civil de Tomelloso, pertenecientes a la Comandancia de Ciudad Real, tuvo conocimiento de que existía "un gran número de individuos dedicados a la venta y distribución de cocaína en la población de Tomelloso". A partir de ahí, los agentes empezaron a atar cabos. El primero, el de un padre y un hijo, para los que la Fiscalía pide seis y cuatro años y medio de cárcel, y que "distribuían de común acuerdo y actuando de manera coordinada y conjunta sustancias estupefacientes" por Tomelloso. Las escuchas y la vigilancia policial permitió comprobar hasta cinco operaciones de venta. Según la Fiscalía, ambos se dedicaban "de manera completa y habitual a la venta de sustancia estupefaciente a terceros" que iban a  los domicilios de los acusados o concertaban citas en la calle, "donde cualquiera de los acusados indistintamente procedía a realizar la transacción correspondiente".

En el registro de sus viviendas se encontraron cannabis, restos de cocaína y marihuana. 

El siguiente hilo de la investigación llevó a los agentes de la Guardia Civil hacia M. S. G., para el que también se piden ahora seis años de cárcel. Las vigilancias y escuchas al padre y al hijo dieron igualmente como resultado la comprobación de que la persona que distribuía la droga era ese vecino de Tomelloso y que periódicamente acudía a Madrid para comprar "importantes cantidades de sustancia ilícita para posteriormente venderla tanto a la familia como a numerosos compradores de la localidad o de sus inmediaciones: con los que concertaba prácticamente siempre sus citas a través de mensajes de texto o de llamadas telefónicas a través de los distintos terminales telefónicos que detentaba".

En uno de esos viajes a Madrid, los agentes añadieron un nuevo nombre a su investigación, el de J. M. E., para el que la Fiscalía pide una pena de cuatro años y medio de prisión. Su participación era "plenamente necesaria" para ese viaje. Cada uno iría en un coche distinto y uno actuaría como lanzadera, avisando de posibles controles policiales. En un momento del viaje, los dos vehículos se separaron y M. S. G. acabó en Valdemingómez, una zona de Madrid situada en la zona sureste de su término, donde adquirió "una importante cantidad de droga". Reunidos los dos acusados, planificaron el viaje de vuelta "con idénticas medidas de protección en el polígono industrial de Getafe. donde estacionaron para descansar unas horas". No contaban con que allí iban a ser interceptados por los agentes de la Guardia Civil, que encontraron en los vehículos 317 gramos de cocaína, casi 200 de heroína, más de 100 de fenacetina y 1,76 gramos de resina de cannabis sativa. Toda la droga  estaba valorada en más de 3.200 euros. 

A esas cantidades se unen las que se encontraron en el registro de la vivienda de M.S.G., donde además guardaba más de 3.700 dólares y 6.100 euros, además de una escopeta del calibre 12, cuyo cañón había sido recortado, sin culata ni número de serie "y con plena capacidad para disparar". 

La investigación de la Guardia Civil siguió tirando de las escuchas telefónicas para encontrar a los dos últimos acusados en el juicio que se celebra la próxima semana: D. G. L. -que se enfrenta a una posible condena de cuatro años y medio de cárcel- y L. N. C. -para el que se piden seis años-. Ambos, según la Fiscalía, se encargaban de vender la droga que traía desde Madrid M.S.G. El primero de estos últimos acusados, D. G. L., de hecho mantenía una "continua relación comercial" que acabó cuando la Guardia Civil llamó a la puerta de su casa. Allí encontraron droga valorada en más de 1.000 euros, mientras que L.N.C. guardaba en su domicilio sustancias que le hubieran reportado más de 3.800 euros. 

Tras la operación policial, M.S.G., J.M.E. y L.N.C. permanecieron en prisión provisional un año para quedar en libertad provisional en septiembre de 2018. El resto de los acusados no resultaron privados de libertad por los hechos.