Tras años de angustia y preocupación, en el punto de mira con denuncias y acusaciones de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente en relación con unos vertidos de agua residuales sin depurar, la alcaldesa de Argamasilla de Calatrava, Jacinta Monroy, y dos concejales de Medio Ambiente se enfrentaron a un juicio duro, agrio y complicado con largos e incisivos interrogatorios. Quince días después la Audiencia Provincial de Ciudad Real dictaba una sentencia absolutoria, quedando «sin efecto» todas las medidas adoptadas contra ellos, tanto pecuniarias, como cautelares en relación a la limitación de verter las aguas residuales a menos de 300 metros de la parcela del polígono 9 del municipio.
La fiscal no recurrió la sentencia, pero las acusaciones particular y popular sí mostraron intención de recurrir. «Tenían un plazo de cinco días para anunciar la interposición del recurso de casación ante el Supremo contra la sentencia absolutoria, pero han pasado cinco meses y se está a la espera de que se resuelva si una de las partes tiene derecho o no a un abogado de oficio», indica a La Tribuna con ironía la abogada Judit Gené Creus, que ha defendido en el proceso a la alcaldesa de Argamasilla de Calatrava.
Entretanto, añade la letrada, «han aprovechado estos cinco meses para torpedear el levantamiento de las medidas cautelares de los tres encausados que ya han sufrido bastante». A uno de los concejales se le embargó parte del sueldo y la alcaldesa no puede disponer de unos bienes depositados como fianza. Ecologistas en Acción, que ejerció la acusación popular, presentó un escrito en la Audiencia indicando que había pedido un abogado de oficio y, por tanto, se tuvo que suspender el plazo de cinco días, hasta que el Colegio de Abogados resolviera si tenía o no derecho a la justicia gratuita. Al final, Ecologistas en Acción, tras una reunión en junta celebrada en junio, decidió no presentar recurso.
«Están torpedeando el levantamiento de medidas cautelares - Foto: Fotos Rueda VillaverdeSegún indica la letrada Gené Creus, la acusación particular ejercida por una de las denunciantes también pidió un abogado de oficio forzando a la suspensión del plazo. Hizo la petición al Colegio de Abogados que contestó que se archivaba porque no se había presentado una documentación acreditativa. La Audiencia Provincial levantó la suspensión y fue entonces cuando esta parte volvió a presentar un escrito diciendo que el Colegio de Abogados se había equivocado, que había habido un error en la tramitación. No llegó el requerimiento y la Audiencia volvió a suspender el plazo la semana pasada.
Se da la circunstancia de que la denunciante "empeñada" en recurrir y su marido son abogados, pero han pedido un abogado de oficio y se está a la espera de saber si tienen o no derecho a la justicia gratuita, es decir, si no tienen recursos para litigar. En cualquier caso, la letrada Judit Gené está convencida de que es una estratagema para dilatar el plazo, la firmeza de la sentencia absolutoria.
Para la abogada de Jacinta Monroy, "desde que el Tribunal dictó sentencia absolutoria y la Sala acordó el levantamiento de las medidas cautelares, ellos (la acusación particular) no han parado de poner recursos para que se mantengan tanto las del filtro verde como la de los embargos".
La Sala "es muy garantista" y "están aprovechándose, dilatando dicho plazo de manera forzada". La letrada va a presentar un escrito esta semana en la Audiencia. El Tribunal les quitó la razón y se tiene que desbloquear esta situación, es decir, dejar sin efecto las medidas cautelares como dice la sentencia.
"Ni temeridad ni mala fe». La alcaldesa de Argamasilla de Calatrava, Jacinta Monroy, hizo todo lo que estaba en su mano para que los vecinos de este municipio tuvieran una depuradora y, mientras tanto, se acometieron obras de mejora para el tratamiento de las aguas residuales a través del filtro verde entre el 19 de marzo y el 17 de abril de 2015 bajo la dirección técnica de la mercantil Sima Ingeniería. Igualmente, Monroy acordó medidas para el mantenimiento a fin de evitar que la superficie del terreno del filtro verde se sobrecargase en un único punto. Así lo considera probado la Audiencia Provincial que absolvió a la alcaldesa de Argamasilla de Calatrava, Jacinta Monroy, y a los que fueron concejales de Medio Ambiente, Jesús Manuel Ruiz y Antonio Gil.