Las ordenanzas fiscales para 2020 fueron aprobadas el pasado martes en Pleno, a pesar de las críticas de los grupos de oposición, que no comparten las modificaciones propuestas por el equipo de Gobierno del PSOE para actualizar impuestos, tasas y precios públicos que permitan compensar el coste de la «amplia oferta de servicios públicos» de la ciudad, buscando el «equilibrio retributivo». Desde el Grupo Socialista, tanto su portavoz, Gonzalo Redondo, como la propia alcaldesa, Rosa Melchor, argumentaron que la subida del IBI urbano, pasando de un tipo de gravamen del 0,48% al 0,60%, «no es una decisión fácil de tomar, pero es una medida de responsabilidad», ya que el fin que se persigue es el «equilibrio de las cuentas» para no depender de los ingresos extraordinarios a la hora de hacer frente al gasto corriente, «como ya sucediera en los años de gobierno del PP, originando un importante déficit», apuntaron. Igualmente. Gonzalo Redondo señaló que de los 102 municipios de la provincia de Ciudad Real, Alcázar se encuentra actualmente en el puesto 88 en cuanto a presión fiscal, muy por debajo de ciudades y municipios como Ciudad Real, Puertollano o Valdepeñas, e incluso por debajo de municipios pequeños, con menos de 1.000 habitantes. Las ordenanzas de 2020 contemplan medidas encaminadas a dinamizar el movimiento inmobiliario y la actividad comercial en el centro de la ciudad. Igualmente, el Ayuntamiento modificará las tasas de terrazas, mientras que el resto de impuestos y precios públicos sufrirán un incremento del 2%. Estas modificaciones permanecerán estables durante los próximos cuatro años. Por parte de la oposición, el PP criticó la subida por considerar que «acabará con el ahorro de las familias y ahogará a empresarios y autónomos», defendiendo el modelo propuesto por su grupo que reduce la presión fiscal. Ciudadanos también se opuso a una subida que calificó de «injustificada», considerando que «no existe una necesidad real» para actualizar las ordenanzas, ya que las cuentas se cerraron con un superávit de 12 millones. A este respecto, Redondo volvió a insistir en que el superávit del ejercicio 2018 se debe, principalmente, a ingresos extraordinarios procedentes del pago de impuestos de las empresas termosolares y las nuevas plantas fotovoltaicas que se han instalado en el término municipal. Vox calificó las nuevas ordenanzas fiscales como «un atraco a mano armada», considerando que el argumento de mantener y mejorar los servicios municipales «es una justificación». IU se opuso también a lo que calificó como «una subida generalizada de impuestos, no progresiva y lejos de una política redistributiva», y Equo, a pesar de incluirse sus alegaciones en la propuesta final, consideró «desproporcionado» el aumento del IBI. «Tenemos un nivel de vida propio de una capital y no quiero que se reduzca, y por eso hacemos esta adaptación», afirmó Rosa Melchor para enfatizar que «no se pueden mantener servicios propios de una gran ciudad con unos impuestos “similares a los de una aldea».