Es una lucha diaria contra los elementos, con el pesar de no poder dar al ciudadano una respuesta «en tiempo y forma» por la falta de medios personales y las deficiencias en los sistemas telemáticos. Es el sentir de los jueces y magistrados de Ciudad Real que, pese a su alto índice de resolución por su entrega, pelean a diario con problemas que no está en su mano resolver, y si lo está es a costa de sacrificar sus descansos. El sinfín de recursos contra los bancos duplica el trabajo de cinco magistrados a los que se les ha encomendado esta tarea, sin descuidar el día a día.

La Administración de Justicia «no se puede computar en tiempo», necesita medios, pero a juzgar por las históricas carencias «no interesa resolver este problema», asegura en declaraciones a La Tribuna la presidenta de la Audiencia Provincial, María Jesús Alarcón.

Los asuntos civiles, la mayoría apelaciones contra sentencias sobre cláusulas suelo, están desbordando la capacidad de respuesta de los magistrados de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, cuya presidenta, María Jesús Alarcón, no puede ser más clara: «en penal podemos ir resolviendo, pero lo de civil es inasumible».

La ‘sentencia’ de Alarcón es incontestable y así lo demuestran las cifras recogidas en la Memoria 2018 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha presentada la semana pasada, ya que, frente a los 879 procedimientos civiles ingresados en 2014, en 2018 entraron en la Audiencia casi el doble, 1.706, y «este año vamos por 850 y faltan por computar los últimos tres meses», apunta Alarcón.

A esta cantidad de asuntos de la jurisdicción civil hay que añadir los 1.895 de índole penal ingresados en la Audiencia de Ciudad Real el año pasado, que suponen un incremento de más del 12% respecto a los 1.661 de 2014.Un volumen de asuntos que en civil puede alargar hasta doce meses la resolución de la apelación.

Para sacar adelante esta cantidad de trabajo Alarcón propuso en mayo crear varias comisiones de servicio sin relevación de funciones. La ‘oferta’ no obtuvo la respuesta que la presidenta de la Audiencia deseaba y «ahora somos cinco magistrados de la Audiencia los que estamos doblando».

Y lo que se teme María Jesús Alarcón es que, a falta de soluciones, esta medida coyuntural tomada en Ciudad Real devenga estructural porque «después de las apelaciones por las cláusulas van a venir las del IRPH y luego nuevas cuestiones que darán lugar a una avalancha de procedimientos civiles».

La novena plaza de magistrado en la Audiencia se acaba de crear tras años de reivindicación, casi desde 2010 cuando llegó Alarcón a la Audiencia. «Ahora necesitamos la décima», asevera.

Se podría crear la tercera sección, continúa, «pero no es la política judicial que se está siguiendo y en cierto modo comparto porque se trata de que haya más capacidad de resolución». Una sección nueva supondría crear un órgano completo con otros seis o siete funcionarios, mientras que con una nueva plaza de magistrado se amplía la sección y se reparte el trabajo.

La presidenta del Alto Tribunal achaca la falta endémica de personal y de medios de la Administración de Justicia a que «no preocupa cómo debería, a pesar de que es un pilar del Estado».

En este sentido, Alarcón cree que el trabajo de jueces y magistrados no está suficientemente valorado y subraya que «una resolución debe estar meditada, discutida y adoptada bajo el prisma de la justicia» porque «un asunto que puede parecer liviano, a determinado ciudadano le va la vida».

De ahí, que «la Administración de Justicia no se pueda computar en tiempo» porque una sentencia tiene que ser motivada y justificada y, como dice la juez decana, Isabel Serrano, «esto no va de apretar tornillos», sentencia.

Medidas. La Justicia es un pilar del Estado que tiene que ser «respetado», «dotado de autonomía presupuestaria para contar con los medios necesarios» e «independiente», sostiene la presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, María Jesús Alarcón, en una entrevista concedida a La Tribuna. 

Asegura que la independencia de los jueces «ha quedado clara» en los últimos tiempos, «se han dado muestras más que suficiente». Del mismo modo, afirma que es evidente la falta de medios personales y materiales en la Administración de Justicia. A este respecto, asevera que «no es razonable que un enjuiciamiento penal tarde un año». 

En este contexto, la presidenta de la Audiencia Provincial considera «perentoria» la ampliación de la planta judicial de Ciudad Real y la creación, como mínimo, de uno o dos juzgados de Primera Instancia e Instrucción y, sobre todo, la «separación de jurisdicciones».

Son demandas que  «seguimos reivindicando año tras año» porque en la capital hay siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción pero el número 3 tiene el plus del Registro Civil, el 4 tiene atribuido mercantil con carácter excluyente y el 5 violencia de género, «de manera que estos tres juzgados están eximidos en parte del reparto de asuntos que se registran y los han de asumir los demás».

También se necesita un Penal más: «hay tres y uno de apoyo y sería como mínimo necesario crear uno más y disponer durante un año o año y medio de  un juzgado de refuerzo para enjuiciamiento y que pudiéramos reducir el tiempo de pendencia a un periodo razonable». 

En cuanto a los tres juzgados de lo Social, Alarcón apunta que este año ha habido un repunte de asuntos, por lo que aboga por mantener el refuerzo que existe en la actualidad porque «los datos han demostrado que el aumento de trabajo no es coyuntural». 

Respecto a los dos juzgados de lo Contencioso, considera que «el tiempo de respuesta y la capacidad de los magistrados es buena» y son los que tienen una capacidad de resolución en tiempo razonable en relación al resto de órganos.

En un sentido parecido se expresa la presidenta respecto a los juzgados de Vigilancia Penitenciaria y de Menores que «funcionan como debe ser, no porque no tengan trabajo, sino porque pueden hacerlo como deben porque registran un  número de asuntos acorde a al módulo de entrada» que establece el Consejo General del Poder Judicial.

Igual que la capital. Respecto a situación de la provincia, María Jesús Alarcón entiende que no está mejor que la capital y pone como ejemplo los juzgados de Tomelloso y Puertollano, «con módulos de entrada no razonables para poder ser asumidos por los jueces».

En esta línea, asevera que Puertollano «necesita apoyo y juzgado».

En cuanto a otras localidades, la presidenta de la Audiencia Provincial considera «necesario» reforzar la planta de Valdepeñas, dada su carga de trabajo, y que los juzgados de Daimiel y Manzanares tienen un módulo de entrada que se va incrementando pero es susceptible de mantenerse un tiempo.

Por lo que se refiere a Alcázar de San Juan, Alarcón cree que su problema radica en la dotación de medios porque «el número de entrada de asuntos es elevado, pero razonable dentro de lo cabe» pero sería necesario, por ejemplo, dotar a los juzgados de puntos de encuentro de cara a resolver las cuestiones del complemento del régimen de visitas. La presidenta de la Audiencia asegura que el trabajo sale adelante por la voluntad de los jueces y de todo el personal de Justicia.