El Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia aprobó este jueves el reparto de 214,5 millones de euros correspondientes al tramo autonómico de las subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF, de los que 11,5 serán transferidos a Castilla-La Mancha. Se trata de un dinero que se destinará a financiar programas de interés social de diversas ONG y entidades dirigidas a la atención de la pobreza y la exclusión social. La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, acudió a la reunión y valoró de forma positiva el acuerdo que eleva un 10% la cantidad destinada a nuestra región respecto al año pasado, aunque reconoce que «todavía hay una descompensación con otras comunidades».
No obstante, la consejera explicó que «lo importante» es que «se vaya incrementando» el dinero que llega a Castilla-La Mancha procedente, dijo, de la «cruz solidaria, para fines sociales» que los ciudadanos pueden marcar en la declaración de la renta. En este sentido recordó que en los tres años que las autonomías llevan gestionando ese dinero, siempre «se ha incrementado» la cantidad, de tal manera que si en 2017 fueron 9,7 millones y el año pasado esa cantidad fue de 10,5 millones.
En cuanto a la descompensación con otras comunidades autónoma, sin citar nombres explicó que hay regiones «similares» en «territorio, en población y despoblación, en índice de pobreza, etcétera» que sin embargo «tienen una subvención por parte del Ministerio muchísimo mayor» porque existe un «desfase» que se viene arrastrando «desde años atrás»,
«Desde Castilla La Mancha no queremos que ninguna comunidad baje. Al contrario, queremos que todas suban», añadió. Pero insistió en que la región está «en una situación inferior» y pide una «compensación para que haya una igualdad al alza, que Castilla-La Mancha tenga la misma financiación que otras comunidades similares a la nuestra. Esa es la aspiración», remató.
A su juicio, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social es «sensible» y está trabajando en «la línea correcta». De ese modo, explicó, si bien todas la comunidades van a recibir más fondos que el año pasado, esta vez va a haber un «incremento mayor en aquellas que tenemos un mayor desfase».
Los 11,5 millones que va a recibir Castilla-La Mancha irán a parar a proyectos sociales de las diferentes ONG y entidades del ‘tercer sector’. El Gobierno regional ya ha publicado la convocatoria correspondiente y ya tiene en su poder «las solicitudes».
El Gobierno y las autonomías también aprobaron el Plan Nacional de Alzheimer 2019-2023, que recoge objetivos y medidas transversales para mejorar el diagnóstico de la enfermedad, la atención a las personas afectadas y a los familiares que los cuidan. El Plan recoge cuatro ejes de actuación: sensibilizar a la sociedad para cambiar la percepción respecto al Alzheimer; situar a la persona en el centro de la atención sanitaria y social; mejorar los servicios, apoyos y prestaciones para avanzar en la atención a las personas, y poner el foco medidas para fomentar la investigación, la innovación y el conocimiento.
Algunas comunidades autónomas se quejaron de que a este Plan Nacional le falta un plan financiero o un acompañamiento presupuestario para financiarlo, ya que serán las regiones la que lo implementen. Preguntada sobre este asunto, la consejera afirmó que el Plan marca “directrices” ante un problema como el Alzheimer y las demencias que va en aumento debido, entre otras cosas, a la mayor esperanza de vida de la población. Por eso lo primero, dijo, es “tener un camino claro y saber hacia dónde nos dirigimos” y después habrá que dar un “segundo paso” que es “el desarrollo del Plan y su financiación” que se irá “articulando y negociando” entre las comunidades y el Ministerio más adelante.