Un 5,89 es la nota que da el Índice autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) a Castilla-La Mancha en su tercer edición. La Fundación para el avance de la Libertad y la Unión de Contribuyentes presentaron este martes en Madrid el informe que deja a la región igual que el año pasado, en la novena posición del ránking de competitividad, pero que apenas ha registrado variación debido a que Castilla-La Mancha «no ha emprendido reformas en los últimos dos años», aseveró la autora de este informe, Cristina Enache.
Una de las variables a tener en cuenta en este índice es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y aquí la región ocupa la sexta plaza, igual que el año pasado, rozando el 6 de nota gracias sobre todo a los tramos. El documento recoge que las comunidades con mayor número de tramos en el impuesto «es más perjudicial desde el punto de vista económico», mientras que uno con menos tramos se ve favorecido porque «esta variable mide el efecto disuasorio de este impuesto sobre el aumento de los ingresos». Así, las comunidades con mejor puntuación en esta variable son las que tienen cinco tramos de renta como Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha y Castilla y León, frente a comunidades con hasta once tramos de renta, como Navarra.
Menos favorable es la puntuación en cuanto al Impuesto sobre Sucesiones, ya que la peor puntuación en la reducción por parentesco la reciben, Navarra, Murcia, La Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid. La mejor es para Andalucía tras ampliar el 2018 la reducción hasta el millón de euros. Sobre la cuota, son los castellanomanchegos los que mayor cuota pagan junto con asturianos y castellanos y leoneses.
Es por eso que Cristina Enache recomienda para la región una reforma de este tipo impositivo para «bajarlo hasta el nivel de Cantabria o Andalucía», que aplican una bonificación del 100 y del 99 por ciento respectivamente, así como «aplicar al grupo III las mismas bonificaciones que se aplican a los grupos I y II (cónyuges y parientes directos)», dijo tras asegurar que la Comunidad se encuentra «en la cola» en este tributo junto a Asturias o Valencia.
Recomienda bajar Patrimonio. También recomienda modificar el Impuesto sobre el Patrimonio donde «debería subir el mínimo exento a 700.000 euros y rebajar la tarifa del impuesto», y en el caso del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados y de Transmisiones Patrimoniales, «bajarlo al 0,5 y 6 por ciento, ya que tiene una posición relativamente peor con respecto al resto de comunidades autónomas».
Este índice permite a las administraciones, empresarios y contribuyentes de una comunidad medir, evaluar y comparar su sistema fiscal con el de las otras, y hacer de guía para que cada región pueda mejorar su sistema tributario haciéndolo más competitivo y más atractivo para empresas y residentes.
Y es que, según se recoge en el documento presentado este martes en Madrid, «cualquier reforma tributaria cambiará de alguna forma la posición competitiva de la comunidad autónoma en relación con sus vecinas, con el resto del país e incluso en el ámbito internacional. En última instancia, afectará a la posición que la comunidad autónoma alcance como lugar para vivir, para el ejercicio profesional y para hacer negocios. Además, las comunidades autónomas aprovecharán los incrementos fiscales de las regiones vecinas para atraer tanto a residentes como a empresas».